No hay que darle muchas vueltas, la Ley de Seguridad Interior aprobada por la Cámara de Diputados, y muy probablemente también por la Cámara de Senadores en pocos días, cambiaría dramáticamente el nuevo paradigma que se supone México estaba empeñado en construir en materia de justicia, derechos humanos, procuración de justicia y combate a la delincuencia.

Si aprueban la Ley de Seguridad Interior, habrán metido al cesto de la basura una gran cantidad de reformas realizadas y otras tantas por realizarse en los últimos años cuyo propósito era instaurar en México un nuevo modelo legal y judicial basado, obviamente, en instancias civiles profesionalizadas en procuración de justicia e investigación criminal; cuerpos policiacos y ministerios públicos eficaces y especializados que garanticen resultados y respeto al debido proceso y derechos humanos. Todo eso sería nugatorio si se aprueba una Ley como esta. Muy difícil pensar que ambas lógicas pueden coexistir en un mismo Estado y que –en todo caso– por decreto lo que prevalecería sería el poder civil frente al poder militar. Quien piense así peca de ingenuidad. En cuyo caso, sería imperdonable para quienes están decidiendo los destinos de una nación.

Contra todas las voces que alertan, contra los llamamientos de los máximos representantes mundiales de derechos humanos, contra cientos de organizaciones civiles especializadas, contra los académicos e intelectuales que se han manifestado en todo tipo de foros; contra las voces de las víctimas de esta espiral endemoniada; contra la Constitución; contra las mejores prácticas internacionales; contra todas las voces que se manifestaron en la consulta nacional realizada por el CIDE, el INACIPE y la UNAM, contra los 14 puntos del Alto Comisionado, contra lo dicho por la CIDH, Amnistía Internacional; Human Rights Watch, la CNDH y una larga lista más, la Ley de Seguridad Nacional va. Salvo que el Senado diga lo contrario.

Estamos a punto de ver la trasmutación del intento –endeble si se quiere, pero intento al fin– de instauración de un modelo que ha llevado años construir y que –ciertamente– está por probar su eficacia plena, por otro que legaliza la militarización de la seguridad pública y no sabemos en la práctica qué otras cosas más. Lo que hoy está haciendo el Presidente de México, acompañado de un Congreso y gobernadores atemorizados por la presión militar, es algo que no se vería hoy, en ningún país democrático.

El poder civil, debilitado, actúa como un conejito asustado frente un poder militar que ya no sugiere ni pide, sino que exige que se legalice no sólo su presencia en las calles, sino que se ensanche su capacidad de actuación y facultades en materia de seguridad interior y “cualquier método lícito de recolección de información”, cualquier cosa que eso signifique. La LSI permitiría también a las Fuerzas Armadas intervenir en tareas de prevención e investigación de delitos.

Si la LSI es aprobada en los términos del dictamen que pasó –sin modificación alguna– en la Cámara de Diputados, se colocaría a México en la lógica de un país que retrocede y que violentamente da un golpe de timón para cambiar de ruta: de un paradigma en construcción a otro, diametralmente opuesto, que se ha mantenido factualmente por más de 11 años y cuyos resultados contraproducentes están a la vista de todos.

Si el Congreso mexicano hace caso omiso del potente coro de voces nacionales e internacionales y decide seguir adelante con la Ley, estaríamos ante un acto de enorme irresponsabilidad política y habrán cometido un despropósito monumental con graves implicaciones históricas.

Lo que Enrique Peña Nieto, sometido por los militares, está decidido sostener a costa del ínfimo capital político que le queda, apunta a una des–configuración de nuestro endeble Estado democrático quien entraría, de lleno, a una enorme contradicción.

Puestos a medir –en este contexto– la fuerza civil vs la fuerza militar, tendríamos que pensar que todo lo realizado a favor de un nuevo paradigma por los derechos humanos e instituciones de procuración de justicia, profesionalización policiaca e investigación criminal se iría, simple y sencillamente, al carajo, si es aprobada la Ley de Seguridad Interior.