Puebla.-  Los hermanos Karina y Emmanuel Romero Ramírez llevan casi cinco meses en prisión por una serie de acusaciones que iniciaron después de que compraron, sin saberlo, un celular que fue robado a una víctima de feminicidio.

Los hermanos han aclarado ante el juzgado que Karina compró el celular a su hermano Emmanuel y que éste a su vez lo había adquirido de Jennifer, quien era gerente de la empresa en la que él trabajaba.

Jennifer también reconoció ante el juez que había vendido el aparato a Emmanuel, pero aseguró que ella desconocía que fuera robado, pues lo recibió de otra persona como pago de un trabajo.

Pese a esto, presuntamente como una forma de investigar el feminicidio de la propietaria del celular, la Fiscalía General de Puebla ha buscado “fabricarles” a Karina y Emmanuel distintos delitos para mantenerlos en prisión porque presumen que están involucrados en el delito.

Según lo ha denunciado la familia, primero, los hermanos fueron presentados ante un juez del municipio de Tecamachalco por el delito de cohecho, pues los policías los acusaron de que habían tratado de extorsionarlos al momento de su detención. El 16 de octubre de 2020, el juez ordenó la liberación de los dos por considerar que fueron aprehendidos de manera irregular.

Sin embargo, al salir de la audiencia, de nueva cuenta fueron rodeados de policías que los volvieron a detener. Según la madre de ambos, los ministeriales, sin presentar órdenes de aprehensión, acusaron ahora a los hermanos de tentativa de homicidio contra servidor público.

De manera “absurda”, contó Olga, madre de los detenidos, los policías aseguraron que Karina y Emmanuel habían atacado a un policía con un desarmador y a otro más lo habían tratado de estrangular cuando eran trasladados.

La madre aseguró que sus hijos son personas de trabajo, que nunca han tenido antecedentes criminales y que su único error fue comprar el celular que no pensaron era robado, pues Jennifer lo entregó en una caja aparentemente original y sin chip.

Relató que Karina le compró el aparato a su hermano, pues lo necesitaba para que su hija pudiera tomar clases en línea.

En cartas escritas desde el interior del penal, los dos involucrados en estos hechos afirmaron que, desde su detención, el 14 de octubre del año pasado, se han cometido reiteradas violaciones a sus derechos humanos a causa de una irregular investigación llevada a cabo por la Policía Ministerial de Puebla.

Karina, quien es madre de dos hijos, narra que fue detenida alrededor de las 3:20 de la tarde del 14 de octubre, luego de que salía de una fonda a la que había ido a comer y se dirigía de regreso a su trabajo.

“A medio camellón me rodearon 6 o 7 personas que no se identificaron, amenazándome con punta de pistola. Me subieron a la camioneta. Me subí ya que pensé que era un secuestro, con miedo y llorando, hasta después de 10 minutos dijeron que eran de la fiscalía”, narra en su carta.

Emmanuel, a su vez, cuenta que ese día se encontraba en su trabajo cuando su hermana le habló y le pidió que saliera porque necesitaba hablar con él.

“

Mi hermana se encontraba a bordo de una camioneta, el cual me obligaron a subirme personas sin identificación de servicio público (ministeriales), recibiendo amenazas que si no abordaba la unidad no dejarían ir a mi hermana”, relata.  

Emmanuel asegura que los policías los tuvieron incomunicados y privados de su libertad por más de 10 horas. Aunque refiere que fueron exonerados por el juez de nueva cuenta los detuvieron al acusarlos de otro delito.

“Todo esto lo han fabricado es por la investigación de un teléfono celular que compré de buena fe, con mi compañera de trabajo Jennifer López Tejeda, quien desempeñaba el puesto de gerente en (la empresa) Vinilos Gráficos”, agrega.

Los hermanos refieren que Jennifer está detenida y ha reconocido haber vendido el celular a Emmanuel, sin embargo, la policía Ministerial de Puebla, por “falta de profesionalismos”, los mantiene en prisión supuestamente como parte sus investigaciones.