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Grupo Zócalo
Publicado el lunes, 22 de marzo del 2021 a las 12:12
Ciudad de México.- México alcanzó el primer lugar mundial en solicitudes de remoción de contenidos en Facebook. Además, entre 2017 y 2020 autoridades mexicanas de los tres niveles de Gobierno presentaron 38 mil 659 solicitudes de remoción en esta red social, en Twitter y en Google, de acuerdo con los informes de transparencia de las tres plataformas.
Para la organización Artículo 19, la remoción de contenidos es un mecanismo explotado para eliminar información en internet e interferir en el derecho a la libertad de expresión de periodistas y usuarios.
Según su informe #LibertadNoDisponible: Censura y remoción de contenido en México, el problema con esta práctica es que se llega a utilizar “de forma ilegítima e irresponsable para censurar información de interés público que debe difundirse y permanecer accesible”.
La remoción de contenidos, explica el documento, se entiende como la práctica de eliminar o restringir la circulación de información en internet valiéndose de marcos jurídicos y mecanismos privados que limitan su acceso. Lo preocupante del asunto es que prevalece un vacío de información y falta de claridad sobre el fundamento legal que tienen las autoridades para realizar estas solicitudes y en muchos casos “tampoco especifican los motivos por los cuales los entes estatales solicitan la remoción”.
En entrevista para El Sol de México, Priscilla Ruiz, coordinadora legal de derechos digitales de Artículo 19 y una de las autoras de la investigación, explica que estos contenidos pueden ir desde un video, un mensaje o una fotografía que infrinjan las reglas de las propias plataformas digitales hasta coberturas de corrupción y derechos humanos realizadas por periodistas.
Un caso es el de NotiGodinez, blog ciudadano de noticias que investigaba un tema de corrupción y violaciones a derechos humanos y que fue denunciado mediante un “mecanismo de notificación y retirada”, lo que provocó que su proveedor de servicios de internet, GoDaddy, removiera toda la página a pesar de que los datos del denunciante eran falsos e inexistentes.
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