San José.- Organizaciones y académicos mexicanos, centroamericanos y caribeños de la sociedad civil instaron este jueves a la Casa Blanca a “generar una política pública efectiva” y atender con urgencia a unas 25 mil personas atrapadas en la frontera entre México y Estados Unidos bajo una “incertidumbre generalizada” y sujetas al Protocolos de Protección de Migrantes (MPP por sus siglas en inglés) a la espera de asilo en suelo estadounidense.

Un bloque regional de 85 agrupaciones e intelectuales de México, Centroamérica y el Caribe emitió una misiva al presidente de EU, Joe Biden, y a los funcionarios estadounidenses involucrados en el conflicto migratorio en la que los exhortaron a “finalizar las deportaciones expeditas” y las “devoluciones automáticas” de migrantes irregulares.

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Existe una incertidumbre generalizada sobre qué ocurrirá con las personas que fueron sujetas” al MPP, conocido también como “Política Permanecer en México”, por lo que es necesario “generar una política pública efectiva para las 25 mil personas que se encuentran esperando una respuesta a su solicitud de asilo” por parte del gobierno de EU con ese programa, exhortaron.

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Políticas públicas que pretenden dar respuestas que contravienen estándares internacionales de derechos humanos, como fue el MPP, han tenido y continúan teniendo graves consecuencias en los derechos de personas solicitantes de asilo, quienes fueron obligadas a permanecer en el norte de México mientras se resolvían sus procesos migratorios en Estados Unidos”, advirtieron. “Cabe resaltar que, durante ese tiempo, no recibieron ningún tipo de apoyo por parte de los gobiernos de México o de EU y muchos de ellos fueron víctimas de crímenes atroces como homicidio, violencia sexual, secuestro o tortura, a manos de la delincuencia organizada”, denunciaron.

Las organizaciones no estatales y académicos están vinculadas a los sectores de la sociedad civil sobre mujeres, paz, migración, indígenas, justicia, derechos humanos, religión, cultura, diversidad sexual, afrodescendientes, universitarios, economía, desarrollo sostenible y comunicación social.

Con el MPP, en vigencia desde 2019, EU devolvió a México a decenas de miles de latinoamericanos, caribeños, asiáticos y africanos que le pidieron asilo para que esperaran en suelo mexicano a que fueran convocadas a un trámite para acudir a una audiencia en una corte migratoria estadounidense.

La crisis migratoria entre EU, México y el Triángulo Norte de Centroamérica—Guatemala, El Salvador y Honduras—recrudeció a partir de que, el pasado 20 de enero, Biden asumió la presidencia y flexibilizó las medidas que su predecesor, Donald Trump, impuso al instalarse en enero de 2017 en la Casa Blanca para decretar férreas políticas de rechazo a los migrantes sin visas.

Las corrientes de viajeros en especial guatemaltecos, salvadoreños y hondureños se intensificaron en 2021 y agravaron el panorama con el arribo a la frontera entre México y EU de gran número de personas sin visas, en un escenario que se complicó con la llegada de una avalancha de centroamericanos menores de edad sin compañía.

En este contexto, los firmantes de la carta a Biden y a su equipo de trabajo en los asuntos migratorios les pidieron “garantizar el derecho a buscar y recibir asilo, adoptando las medidas necesarias para facilitar el acceso a los procedimientos disponibles para tal efecto. En este sentido, el Estado debe eliminar las barreras y las dilaciones injustificadas en el curso de los procedimientos, así como brindar la asistencia jurídica gratuita para las personas, que incluyan la interpretación y traducción”.

Asimismo, abogaron por “generar una política pública efectiva para las 25 mil personas que se encuentran esperando una respuesta a su solicitud de asilo por parte del gobierno de EU bajo el programa de MPP”.

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Demandaron “finalizar las deportaciones expeditas y a las devoluciones automáticas, ello debido a que no cuentan con una decisión individualizada y debidamente considerada con todas las garantías del debido proceso, priorizando el principio de la no devolución”.

Solicitaron “eliminar las políticas que buscan la detención migratoria prolongada y adoptar las medidas necesarias para la existencia de medidas alternativas a la privación de libertad que permitan la permanencia en el territorio (de EU) de personas migrantes y solicitantes de asilo. Además, en consideración del interés superior del niño, se debe erradicar cualquier política que busque la detención de niños y/o adolescentes y sus familiares”.

Ante la emergencia sanitaria por el coronavirus, sugirieron a EU “proponer políticas que proporcionen el acceso a los servicios médicos y de salud, en especial para mujeres migrantes y solicitantes de asilo que se encuentran embarazadas, así como a una alimentación, acceso al agua e higiene adecuados para todas las personas”.

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De igual manera, el Estado debe garantizar la protección contra los malos tratos y la discriminación contra las personas detenidas”, plantearon.

EU debe “ejecutar medidas dirigidas a garantizar la protección de las personas defensoras de los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, así como el desarrollo del libre ejercicio de sus labores y el efectivo acceso a la justicia”, para “poner fin inmediato a las amenazas y actos de hostigamiento en su contra”, detallaron.

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También recomendaron a Washington “crear mecanismos nacionales y transnacionales que hagan posible la identificación eficaz y oportuna de personas migrantes desaparecidas o fallecidas, así como la investigación, sanción y reparación de las violaciones cometidas en sus casos”.

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Las causas que motivan la salida forzosa de personas de sus países de origen son múltiples y variadas: violencia, pobreza, desastres naturales, corrupción, debilidad institucional, etcétera. Sin embargo, todas estas tienen algo en común, que es su naturaleza estructural y sistemática”, sentenciaron, al recordar que ninguno estos aspectos son aislados ni nuevos. “Estas causas estructurales han afectado a nuestra región por décadas, a pesar de los diversos esfuerzos para enfrentarlas”, aseguraron.

Al advertir que “independientemente de lo extrema que sea la política migratoria, las personas en necesidad de protección internacional continuarán en la búsqueda de espacios seguros”, adujeron que “ninguna de las políticas implementadas anteriormente ha logrado disminuir la migración irregular”.

Esas políticas, lamentaron, “han generado la creación de nuevos cruces fronterizos y estrategias con mayores riesgos particularmente respecto de la trata y tráfico de personas”.