Desde que el presidente Lopez Obrador asumió su cargo, el Ejército se ha convertido en una de las empresas contratistas consentidas del Gobierno. Esto en contra del discurso que el ahora Mandatario sostuvo con relación a las Fuerzas Armadas en sus 18 años de candidato.

Ahora construye el aeropuerto de Santa Lucía, los de Tulum, Chetumal y Palenque, tramos del Tren Maya, la red de bancos del Bienestar, el Parque Ecológico en el Lago de Texcoco, el Canal Central y la zona de riego en Nayarit; cuarteles y viviendas, para la Guardia Nacional y hospitales no terminados del Gobierno anterior.

En su nueva calidad de Ejército empresario, el Presidente les ha entregado la operación y las ganancias que se puedan obtener del Aeropuerto Felipe Ángeles (Santa Lucía), del Tren Maya y de los aeropuertos de Chetumal, Palenque y Tulum. A la Marina, el Tren del Istmo junto con los estados por donde pasa.

El Presidente ha dicho que con esta medida se propone que en el futuro estos aeropuertos, así como el Tren Maya, no puedan ser privatizados. De haber ganancia en la operación del tren, cosa que habrá de verse, serán para las pensiones del Ejército y la Marina.

Las adjudicaciones del Ejército a contratistas y proveedores son directas. El proceso no es transparente y no se hace público por qué se dieron a tal o cual empresa. No se conoce, por ejemplo, si otras empresas hubieran podido otorgar un mejor precio. Al Ejército siempre que se pide información la niega bajo el pretexto de que es un asunto de seguridad nacional, aunque no lo sea.

A las nuevas tareas estrictamente empresariales del Ejército se añaden una veintena de actividades antes a cargo de los civiles, que van desde la compra de enseres, para la población afectada en noviembre de 2020 por las inundaciones en Tabasco, hasta el traslado de pipas para garantizar el abasto de combustible.

La militarización del Gobierno parece no tener fin. Todos los días el Presidente les adjudica nuevas tareas. Los negocios y las responsabilidades que se han entregado al Ejército no corresponden al papel que le asigna la Constitución. Este cúmulo de negocios y encargos los distrae y aleja de sus compromisos sustantivos con la seguridad.

En los países de América Latina, donde los gobiernos han entregado al Ejército tramos de la Administración civil y los ha hecho propietarios de negocios, los militares de alto rango siempre se han corrompido. Están ahí, son un ejemplo entre otros, los mandos del Ejército de Guatemala, Nicaragua y Venezuela.

¿Qué hace distinto a los generales mexicanos en comparación con los de otros países de la región? ¿Qué los hace incorruptibles? En el pasado son muchos los generales que se relacionaron con el narcotráfico, para hacer dinero. Sobre esto hay muchas historias. ¿Por qué meter al Ejército y sus mandos al mundo de los negocios? ¿Qué se espera de ellos?