Ciudad de México.- Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibiera los pagos excesivos que se debían hacer a los a reclusorios privados derivado de contratos “leoninos”, el gobierno buscó realizar acuerdos con los empresarios para reducir los costos y que los inmuebles pasaran a ser propiedad pública al final del contrato.

Desde el 13 de enero se iniciaron las renegociaciones de ocho contratos de prestación de servicios de penales que se firmaron en la administración del presidente Felipe Calderón. Ahora, se logró la reducción de la deuda, de 276 mil 619 millones de pesos, en un 15 por ciento.

A continuación, te contamos qué otros cambios importantes hubo en los acuerdos.

El contrato antes

• La operación y la seguridad estaban a cargo del gobierno y las empresas sólo están obligadas a brindar condiciones materiales, tecnológicas y servicios auxiliares.

• La vigencia del contrato es de por lo menos 20 años para la prestación del servicio.

• El monto proyectado a pagar, con actualización e impuestos, era de 276 mil 619 millones de pesos, de lo cual se ha erogado en 9 años 85 mil 398 millones de pesos.

• Los pagos realizados durante la vigencia de cada contrato se llevan a cabo de manera mensual en su totalidad, con independencia del número de personas privadas de la libertad, es decir, si un penal tiene 100 personas se paga lo mismo que si tuviera 2 mil.

• En 2020, de los 22 mil 776 millones de pesos ejercidos por prevención social, 67.7 por ciento fue para el pago de los ocho contratos, lo que significaba la privatización de estos servicios.

• Los inmuebles e instalaciones, una vez concluida su vigencia, continuarían siendo propiedad del proveedor y no del gobierno.

• El gasto anual por persona variaba entre los 944 mil y los 2 millones 388 mil pesos, es decir 2 mil 600 o 6 mil 600 pesos por cada una de las personas. En promedio se invertía 1 millón 800 mil 117 pesos al mes y de 3 mil 913 pesos diarios.

El contrato ahora

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que, con base en estos datos se trabajó con las empresas para llegar a un acuerdo y reparar el daño a la hacienda pública. De este modo, los 16 mil millones de pesos que se debían pagar contractualmente este año se reducirán a 13 mil 543 millones.

Asimismo se contemplan cambios como:

• Se obtuvo una reducción de 2 mil 390 millones de pesos anuales en el pago.

• Al término de la administración se tendrá un ahorro de 10 mil 106 millones de pesos y una reducción total de 41 mil 496 millones de pesos en la totalidad del contrato.

• Las instalaciones serán incorporadas al patrimonio de la nación al término de los contratos.

• Se acordó mejorar la vida de las personas y que las autoridades penitenciarias logren cobertura y mejor respeto a los derechos humanos.

• Se logró la reducción del costo al gobierno de México de 15 por ciento.

• Se hará una revisión permanente de las obligaciones del contrato.

• Se buscará el respeto en los servicios y se evitará dañar la hacienda pública.

• No pagará el contrato hasta que se firmen y se determine el monto final.

De acuerdo con la secretaria, la adjudicación de los contratos fue directa de las empresas. En el caso de ICA, tenía dos contratos y fueron comprados por Exi Quantum, GIa un contrato, Prodemex dos contratos, Inbursa compró el de Homex, y Black Rock compró dos.

“ Cuando se sigue la filosofía de combatir la corrupción se generan ahorros importantes a la hacienda pública para beneficio de la nación. Seguiremos trabajando para que los bienes sigan estando en manos del pueblo”, resaltó.

Fuente: MILENIO