LEl pasado viernes se comunicó el presidente López Obrador con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris y el próximo 8 de junio viaja a México. El tema central a discutir fue la migración mexicana y la de Honduras, El Salvador y Nicaragua.

La vicepresidenta fue nombrada por el presidente Biden, para buscar una solución que ataque las causas de la migración en el Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) y contribuir al desarrollo del sureste mexicano.

Es la misma idea que se contempló en el Plan Puebla-Panamá que se diseñó y puso en operación en el Gobierno del presidente Vicente Fox (2000-2006), pero que fracasó por falta de recursos.
El Gobierno de Biden anunció que invertirá 4 mil millones de dólares en el intento de solucionar de raíz el problema. La cantidad de recursos es importante, pero está muy lejos de la que se necesita, para cambiar la realidad estructural de los países del Triángulo del Norte.

Lo que hasta ahora se ha hecho es solo detener y deportar a los centroamericanos. El presidente López Obrador cedió a las presiones del presidente Trump y México cambió radicalmente su política migratoria, para convertirse en un muro en contra de la migración que viene del Triángulo del Norte.

Con la Guardia Nacional estableció un doble filtro; uno en la frontera sur y otro en la norte, para evitar que los centroamericanos ingresen a México y Estados Unidos. En parte el operativo ha sido exitoso, pero de todos modos no ha frenado la migración, que claramente se ha incrementado a pesar de las barreras.

Con la llegada de Biden la política migratoria ha seguido siendo la misma y es la de no dejar pasar y deportar a los migrantes mexicanos y centroamericanos. El Gobierno de México hace su parte y también detiene y deporta.

Luis de la Calle en un artículo en El Universal dimensiona la gravedad del problema: “Guatemala, El Salvador y Honduras no cuentan con la infraestructura para participar plenamente en la economía regional: no tienen la logística de transporte y comunicaciones necesarias; no cuentan, a pesar de ser varios ricos en ella, con la energía necesaria; ni han desarrollado la base tecnológica y de conocimientos para explotar sus ventajas competitivas; ni cuentan con un ambiente político y jurídico propicio a la inversión”.

A esto habría que añadir la débil estructura institucional, el autoritarismo, la falta de estado de derecho, los muy altos índices de violencia y crímenes dolosos, la penetración del narco en las estructuras del poder, en particular en Honduras, y también los muy altos niveles de corrupción en las cúpulas gubernamentales, que incluyen a los militares. A todo esto se añade la política del nuevo Presidente de El Salvador que violenta el orden constitucional.

La solución a los problemas económicos, políticos y sociales del Triángulo del Norte y parte del sur de México no es fácil. Se requieren transformaciones profundas que no es posible alcanzar en el corto y mediano plazo. Exigen un plan de gran envergadura que se pueda continuar a lo largo de los años más allá de un periodo gubernamental en Estados Unidos y en los países centroamericanos. Se requiere algo así como un Plan Marshall.