La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido como pila de agua bendita. Ningún Presidente ha vencido la tentación de meter las manos en el máximo tribunal constitucional. El 21 de enero de 1858, Benito Juárez, jefe de la Corte, asumió la Presidencia de la República tras la renuncia de Ignacio Comonfort. Después de varias reelecciones y de su fallecimiento, en 1872, el Benemérito de las Américas fue reemplazado por Sebastián Lerdo de Tejada, cabeza de la Corte. Hoy la ausencia del Presidente de la República la cubriría la secretaria de Gobernación, por un máximo de 60 días, mientras el Congreso nombra a un interino o sustituto.

Antes y después de la Constitución de 1857, donde se estableció la elección de ministros en las urnas, la Corte desapareció varias veces y el número de sus integrantes ha variado hasta llegar a 26, en 1951, para abatir el rezago; la intención jamás se logró. Luego de la reforma de 1994, volvió a los 11 ministros señalados en la Constitución de 1917. Sin embargo, la SCJN siempre ha estado sujeta a los vaivenes de la política y al estilo personal del Presidente de turno. Ernesto Zedillo la disolvió para terminar con vicios que, con el tiempo, volverían a repetirse.

La reforma zedillista se vio como el deslazamiento del poder judicial, pero elevó a la Corte al rango de Tribunal Constitucional, creó el Consejo de la Judicatura Federal y limitó a 15 años la duración de los ministros; antes eran vitalicios. “Si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación cambió significativamente a partir de la reforma judicial de 1994, también lo es que el drástico cambio (…) fue muy cuestionado por haber sido contrario a la Constitución y por haber tenido rasgos anómalos como fue la rapidez de su aprobación, incluso, fue tildada como un ‘golpe de Estado’”, (El Cotidiano.

Revista de la Realidad Mexicana Actual, Universidad Autónoma Metropolitana, 2012). Los autores del texto, Guillermo Ruiz Morales y Alberto Rocha Armienta, dilucidan si la decisión del Presidente reunió los elementos para ser calificado un coup d’état.

Hoy es Andrés Manuel López Obrador quien metió las manos en la SCJN para ampliar en dos años del mandato de Arturo Zaldívar y del Consejo de la Judicatura Federal, que también preside. AMLO argumenta que Zaldívar “es un hombre íntegro, honesto y que ayudaría mucho en la renovación del Poder Judicial”, dada su urgencia. El artículo transitorio, aprobado por el Senado el 15 de abril y por la Cámara de Diputados ocho días después “no es inconstitucional”, dice López Obrador. El Artículo 100 de la Constitución advierte: “Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros durarán cinco años en su cargo, serán substituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo”. En este caso no se trata de un mandato extra, pero lo amplía. El mismo precepto señala que “Los Consejeros no representan a quien los designa, por lo que ejercerán su función con independencia e imparcialidad. (…)”.

Tres de los siete miembros de la Judicatura Federal simpatizan con AMLO: Zaldívar; Bernardo Bátiz, exprocurador en el Distrito Federal, y Loretta Ortiz, exdiputada de Morena. Los otros, con carrera judicial, son Verónica de Gyves, Alejandro González Bernabé, Sergio Molina y Jorge Ramos Cruz. El líder de la 4T ha demostrado que no cede ante las presiones, por ello impuso su mayoría en el Congreso para sacar adelante el artículo transitorio 13. López Obrador y Zaldívar pasaron el Rubicón y desataron una nueva tormenta. Ahora les espera una constroversia constitucional para tumbar la reforma.