El pasado mes de abril, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero contra el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; acto seguido se le notificó al Congreso de aquella entidad la resolución. ¿Las acusaciones? Que García Cabeza de Vaca ha acumulado más de 30 propiedades ocultas en Texas y Tamaulipas a partir de prestanombres y principalmente de su círculo familiar, por un valor que asciende a varios millones de pesos. Se “detalló” incluso que se tenía conocimiento de que durante el periodo de 2016 a 2019 conformó una organización que fue operada dentro del propio Gobierno con la intención de beneficiar a su familia.

En su momento, en la discusión de lo general, el bloque opositor, conformado por PAN, PRI, PRD y MC, defendió al Gobernador y sus diputados votaron por supuesto en contra del dictamen. Los principales argumentos fueron: 1. Que se está buscando politizar el tema justo a unas semanas del proceso electoral y 2. Que se antoja que el desafuero fuera “una venganza” del presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca castigar al Gobernador, y por eso ordenó a la FGR que iniciara una investigación contra él. Al final el dictamen se aprobó por la mayoría de Morena y fue enviado al Congreso de Tamaulipas, que, dicho sea de paso, por ley, tiene la última palabra.

Con 26 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones, el Congreso local de aquel estado declaró improcedente el desafuero contra el Mandatario local. Al final del día, el Congreso local consideró que el procedimiento vulnera las garantías individuales y violenta el debido proceso de presunción de inocencia del Gobernador.

¿Qué ocurrió después? Que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que, si el Congreso de Tamaulipas no acataba la resolución de la Cámara de Diputados, el Senado procedería a desaparecer los poderes en la entidad. ¡Hágame usted el favor, estimado lector! Los comentarios fueron calificados por expertos como “antidemocráticos”. Acto seguido, el Gobernador de Tamaulipas mostró, a través de su cuenta de Twitter, un video donde muestra el certificado fiscal que expidió un notario público junto con su declaración patrimonial y el pago de los impuestos correspondientes.

Posteriormente, el Diario Oficial de la Federación publicó la “declaratoria de procedencia” donde “se informa del desafuero” en contra del Gobernador de Tamaulipas. Por lo que, además, aprovechando el “momento”, el Gobierno federal informó que autoridades de Estados Unidos enviaron información a México sobre las investigaciones que se llevan a cabo contra el Gobernador y sus hermanos., así como para echarle más leña al fuego. En respuesta, el Mandatario estatal solicitó a su defensa acudir a revisar la información aportada por el Departamento de Justicia de EU. En tanto, el presidente López Obrador pidió a la Suprema Corte “resolver con claridad” si el Gobernador de Tamaulipas, investigado por corrupción, mantiene el fuero.

Después de eso, el grupo parlamentario del PAN solicitó a la Embajada de Estados Unidos en México saber a ciencia cierta si existía realmente un proceso judicial en curso en contra del Gobernador de Tamaulipas y el bufete de abogados Canales & Simonson, P.C. aseguró que no existía ni existe en los Estados Unidos alguna investigación en contra del Gobernador, e Indicó que revisó las denuncias hechas por Alejandro Rojas Diaz Durán, Santiago Nieto Castillo y la evidencia disponible por parte de los gobiernos de Estados Unidos y de México en relación con las acusaciones en contra de Francisco García Cabeza de Vaca, y que no se encontró ninguna evidencia que indicara la violación de las leyes estadunidenses, como se le acusa.

A la petición del presidente Lopez, de que si el Gobernador tenía o no fuero, la Suprema Corte desechó un recurso, “por improcedente”, pues quedó rebasado este órgano cuando el propio Congreso resolvió que, por ahora, no procedía procesar penalmente al Gobernador. A lo que la Fiscalía General presentó un recurso de inconformidad contra la determinación del ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, quien además mencionó que la decisión de retirar el fuero al Gobernador de Tamaulipas sería hasta que terminara su mandato. Es así, estimado lector, que ahora el Gobierno de la 4T, mediante un choque de poderes, utiliza aquella entidad como laboratorio electoral. Quién sabe, a lo mejor se les pudiera ofrecer operar algo parecido a otra escala, no sabemos qué vaya a pasar, lo que sí sabemos es que Morena y el Gobierno de México, encabezado por López Obrador, cada día, de poco a poco, sin que nos demos cuenta, busca quebrar la democracia de nuestro país.

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Exdiputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.