La empresa angloholandesa Royal Dutch Shell no estaba considerando vender su parte de la vieja refinería de Deer Park en Texas a pesar de que en octubre de 2020 anunció que se desharía de ocho de sus 14 refinerías en Norteamérica. Su contrato de largo plazo con Pemex para refinar el pesado crudo mexicano, que no todas las plantas pueden manejar, era una de las razones. Sin embargo, cuando surgió la oferta de Pemex para comprar su 50% por 596 millones de dólares no lo dudó, quizá en parte por el fallo de un tribunal holandés de La Haya que ordenó a la empresa reducir en 45% sus emisiones de contaminantes para 2030 en comparación con 2019.

Es “absurdo forzar la política climática a través de los tribunales”, comenta Bjorn Lomborg, presidente del Consenso de Copenhague, un instituto de investigación del ambiente y las políticas públicas. “Para ser realistas, esta orden del tribunal simplemente significa que Shell venderá 45% menos, dejando que los demás aporten el resto”. Pemex será, por ejemplo, quien venda la gasolina que produzca Deer Park. La reducción neta de contaminantes será cero.

No solo los tribunales, también los gobiernos, toman decisiones de política energética sin considerar ni la ciencia ni el mercado. Durante años, por ejemplo, los gobiernos europeos subsidiaron el diésel con la falsa idea de que era menos contaminante que la gasolina. Millones en Europa adquirieron automóviles con motores diésel por esta política mientras que, en otras regiones del mundo, como Norteamérica, este combustible se utiliza nada más para camiones de carga o autobuses. El diésel genera menos ozono, es cierto, pero más partículas, que si bien se quedan menos tiempo en el aire son más dañinas a la salud al respirar. Ahora los gobiernos europeos buscan limitar, e incluso prohibir, los autos de diésel que antes promovían.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha asumido la defensa de los viejos combustibles fósiles. “El petróleo es el mejor negocio del mundo”, ha declarado. Otros gobiernos, particularmente los de países desarrollados, están tomando medidas para restringir la venta de vehículos de motor de combustión y promover los eléctricos. Los especialistas, sin embargo, señalan que la reducción de contaminantes será muy pequeña.

La mayoría de los gobiernos, incluso México, asumieron compromisos para disminuir sus emisiones en el Acuerdo de París de 2015. Casi ninguno ha cumplido; pero, aunque todos lo hicieran, no se detendría el calentamiento global y, en cambio, sí se registraría una reducción muy importante del crecimiento económico y, previsiblemente, un incremento en la pobreza.

Gobiernos como el de Emmanuel Macron de Francia se han dado ya cuenta de los problemas que surgen al tratar de cumplir las promesas del Acuerdo de París sin considerar las consecuencias económicas. En 2018 Macron decretó un “impuesto verde”, un alza en el ya elevado gravamen francés a los combustibles fósiles, pero esto detonó un fuerte y generalizado movimiento de protesta, el de los chalecos amarillos, que después se extendió a otros temas. El régimen tuvo que retractarse de subir el impuesto.

La gente puede apoyar en abstracto el combate al calentamiento global, pero el respaldo se desvanece cuando las medidas la afectan directamente. Imponer políticas climáticas desde las alturas, sin verificar que funcionen y sin entender las realidades del mercado, al final solo llevará al fracaso.

Veda
La prohibición para hacer campaña los días previos a la elección expresa la opinión de nuestros políticos de que los ciudadanos son incapaces de tomar sus propias decisiones, por lo que tienen que ser tutelados. Esta veda no existe en Estados Unidos, Alemania y otros países, y ninguno tiene problemas por ello.