No es la primea vez que se vincula a Ricardo Gallardo con el crimen organizado, pues en 2015 cuando se desempeñaba como alcalde de Soledad de Graciano, fue detenido por el delito de delincuencia organizada.

Sin embargo, Gallardo quedó absuelto luego de que un juez federal fallara a su favor, al considerar que no existían pruebas suficientes para sentenciar al entonces alcalde con licencia. Pese a esa exoneración, actualmente la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una carpeta de investigación por lavado de dinero.

Diputados electos investigados 

Por otra parte, las investigaciones del CNI destacaron que 3 diputados federales que ganaron su reelección en los comicios del 6 de junio también podría tener nexos con el crimen organizado.

La lista es encabezada por Emmanuel Reyes Carmona, diputado por el distrito 13 de Valle de Santiago, Guanajuato, quien es relacionado con el cartel de Santa Rosa de Lima, de José Antonio Yépez Ortiz “El Marro”.

Reyes Carmona fue colaborador de Hugo Estefanía, expresidente municipal de Cortazar y exlíder del PRD en Guanajuato, asesinado en 2019, por orden de “El Marro”.

Francisco Javier Huacus Esquivel, diputado federal por el distrito 12 de Apatzingán, Michoacán, por la coalición Morena-PVEM-PT, es otro de los incluidos en la lista de los diputados electos que presuntamente tiene nexos con el crimen organizado.

El diputado Francisco Javier Huacus estaría relacionado con el grupo delictivo “Los Viagra”, quienes dominan la zona de Tierra Caliente en Michoacán.

Por último también se encuentra en la lista Miguel Pavel Jarero Velázquez, quien ganó la reelección por el distrito uno de Santiago Ixcuintla en Nayarit el pasado 6 de junio con Morena-PVEM-PT.

Aunque en este caso su ficha señala que sí tiene vínculos con el crimen organizado, en la lista del grupo criminal específico aún aparece como “no identificado”.

El CNI continúa con las indagatorias en torno s loa gobernadores y diputados electos, pues hasta el momento, no se ha presentado alguna denuncia formal por parte del organismo o la UIF ante la FGR para su aprehensión.