Queridas amigas y amigos, en esta ocasión abro el comentario, a partir del llamado del Fondo Monetario Internacional (FMI) a las economías con mayor aportación de emisiones de efecto invernadero para establecer –un precio mínimo internacional al carbono– antes de que la crisis climática llegue a un punto irreversible.

Esto a través de un informe en el que se puntualiza el objetivo a cumplir la meta del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, con la reducción de emisiones entre un cuarto y la mitad de ellas hacia el final de esta década, buscando establecer las condiciones que fomenten la transición a las energías limpias, para desplazar el carbón como insumo esencial para la generación de energía, por lo que plantean establecer un precio mínimo internacional al carbono, como la herramienta más eficaz para un verdadero recorte e incentivar la inversión e innovación para las energías
renovables.

Se identifica que cuatro quintas partes de las emisiones, siguen sin cotizarse y el precio promedio mundial del carbono es de solo 3 dólares por tonelada, muy por debajo del nivel necesario para incentivar la eficiencia energética y reconducir la innovación hacia tecnologías verdes.

Por ello el FMI, propone comenzar con los países del G20, así como el grupo de las economías avanzadas Canadá, China, la Unión Europea, India, Reino Unido y Estados Unidos y en desarrollo, para extenderse gradualmente al resto.

Las condiciones que ha venido imponiendo el cambio climático, requieren de acciones mucho más contundentes, el consenso y el compromiso internacional para alcanzar los objetivos planteados con mayor rapidez, para contener el aumento de la temperatura, evitando llegar a 2° al 2050.

Tomando en consideración las condiciones de desarrollo de los países, en principio, se ha fijado un precio de 75 dólares como mínimo para los países ricos; 50 dólares para las economías emergentes de ingresos altos; y 25 dólares para las de ingresos bajos, con lo que se busca una reducción del 23% de las emisiones, cabe mencionar que esta propuesta inicial aún está en discusión interna.

No obstante, al fijar un precio a la tonelada de carbono que se libera a la atmósfera, se estarían gravando las energías más contaminantes, lo que al mismo tiempo daría paso a incentivar el uso de las energías limpias, estas medidas contribuyen a robustecer los alcances del Acuerdo de París, no olvidemos que este instrumento es jurídicamente vinculante para los estados parte como es el caso de México.

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, señaló que si bien un impuesto es una de las alternativas para lograr un precio mínimo, también queda la vía de la regulación o el comercio de emisiones, en donde los ingresos podrían usarse para compensar a los hogares por los aumentos de precios y ayudar a las empresas y a los trabajadores a pasar de actividades con altas emisiones de carbono a otras de bajas emisiones.

Cabe mencionar que el Grupo de las 20 economías más grandes, en una década serán responsables del 85% de las emisiones de dióxido de carbono según las proyecciones del FMI, se trata de un asunto de la mayor seriedad, que convoca a las acciones conjuntas de las naciones, no se puede seguir en la ruta del chascarrillo distractor, ahora con la idea de un parque de diversiones tipo Disneyland en Texcoco, las y los mexicanos requerimos de una agenda estratégica acorde a los desafíos que implica la recuperación económica, así como en materia de seguridad y salud, a lo que debemos sumar que a partir de aquí –y en adelante– no se pueden ignorar las acciones que también deben tomarse para combatir el cambio climático, que dicho sea de paso no queda sujeto al buen o mal entender de una persona, ni a la buena fe o la voluntad política, eso es lo que significa ser Estado Parte, es asumir la obligatoriedad de presentar y mantener objetivos de reducción de emisiones determinados a nivel nacional.

México se encuentra entre los 20 países más emisores, de los 195 considerados por Naciones Unidas, su meta de contribución comprometida para el año 2030 es por una reducción del 22% que se incumplirá debido a los retrocesos impuestos por el Gobierno federal.