Monclova, Coah.- Hiradier Huerta Rodríguez, primer Juez Penal en América Latina en procesar y sentenciar militares por el fuero común, a 15 años de los hechos de violación sexual hacia mujeres asiladas en la zona de vicio de Castaños, y a 14 años que resolvió, afirmó que jurídicamente fue un trabajo limpio que dejó precedente en respeto a los derechos de las mujeres porque se hizo antes que la Suprema Corte resolviera la competencia de la justicia local.

Dijo que el proceso judicial donde quedó satisfecho con su labor, dictó sentencia condenatoria contra 5 militares y sentencia absolutoria a 3 de ellos que integraban dos pelotones cuando sucedieron los hechos, implicó 400 pruebas levantadas entre testimonios, careos y confrontaciones; más de 100 audiencias durante 1 año, y resolutivos equivalentes a 60 sentencias.

El ahora magistrado del Poder Judicial del Estado fue abordado respecto al trabajo judicial de los hechos registrados la madrugada del 11 de julio de 2007 en la Zona de Tolerancia de Castaños, en la cual además de mujeres violadas hubo personas lesionadas, y donde el caso se llevó hasta redacción de 20 mil fojas, “fue arduo trabajo, absorbente”, recordó.

De acuerdo a datos históricos del caso, el 1 de octubre de 2007, el juzgador Hiradier Huerta Rodríguez condenó a 41 años cinco meses de cárcel a los militares Omar Alejandro Rangel Fuentes; a Fernando Adrián Madrid Guardiola a 31 años y 8 meses de prisión por violación y violación equiparada con agravantes de prepotencia y abuso de autoridad.

Al término del proceso Juan José Gaitán Santiago recibió sentencia de 21 años tres meses tras las rejas por violación y el cabo Ángel Antonio Hernández Niño a 3 años nueve meses por lesiones. Si bien el Ministerio Público acusó de violación al subteniente de Caballería Norberto Carlos Francisco Vargas y al cabo Norberto González, el juez Huerta los absolvió.

El entrevistado, señaló que el organismo “Human Rights Watcher” otorgó un reconocimiento por ser el primer juzgador que sentenció a 2 pelotones militares, no por códigos militares, ni leyes federales, sino por la legislación coahuilense.

Se determinó, añadió el funcionario judicial,

“ “que al Estado le correspondía juzgar y se sostuvieron las sentencias, durante el proceso no hubo presiones de autoridades militares, siempre fueron respetuosos, más bien la presión era del mismo caso”.