Saltillo, Coah.- Abandonada. Así se siente Rosy Mercado Alonso, luego de que la Fiscalía General de la República le envió un documento el pasado 9 de julio firmado por Berenice Hernández García, agente del Ministerio Público Federal, adscrita a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas.

En el documento, le solicita a Rosy indicar cuáles diligencias debe realizar la Fiscalía en el caso de su hijo Jorge Antonio, asesinado el 9 de marzo de 2009 a manos de elementos del Ejército Mexicano en el Tec de Monterrey.

No solo eso, a pesar de no tener asesoría jurídica desde hace meses por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Fiscalía le ha dado 10 días para responder o de lo contrario le darán carpetazo a la investigación contra los soldados por portación y acopio de armas de fuego. Ello implicaría el inicio del cierre definitivo del caso, a pesar de que la familia no ha tenido justicia. Y el tiempo ya empezó a correr.

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Me están solicitando que yo le diga qué diligencias se pueden desahogar. A mí me parece eso injusto, porque haga de cuenta que me está pidiendo que yo le haga su trabajo.

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Y luego me dice ‘a partir de que le llegue el oficio, tiene 10 días hábiles para tener yo respuesta, pero como yo sé que usted no sabe, entonces necesita asesor jurídico’”.

Rosy Mercado de hecho tenía asesoramiento jurídico por parte de la CEAV, pero llegaron cambios con el nuevo Gobierno federal, la dejaron sola y ni siquiera le avisaron.

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La licenciada que estaba a cargo, era la jefa… ella se llama Vilma, pero no me acuerdo el apellido, a ella la mandaron a Derechos Humanos, allá tiene su buen puesto.

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No me avisan, y el que se quedó, un tal Jorge, nunca se comunicó conmigo, nunca me dijo nada, cuando yo hablaba a la Fiscalía para ver cómo iban me decían ‘es que nosotros todo le mandamos a la CEAV’, y yo les digo, ¿pero cómo mandaban a la CEAV si la CEAV no responde?”.

El abandono de las autoridades en este caso llega a tanto, que la propia Fiscalía ha perdido el contacto con la familia de Javier Arredondo, el otro estudiante asesinado junto con su hijo Jorge.

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Me dice: ‘si me puede hacer el favor también de hablarle al señor Javier (papá del otro estudiante), porque yo no tengo contacto con él, y pues a ver si usted le avisa sobre esto”.

Para Rosy Mercado, el dar por cerrada la carpeta de investigación es archivar el expediente completo, que terminaría por dejarlo en el olvido.

A pesar de que en 2019 la Secretaría de Gobernación ofreció una disculpa pública en el Tec de Monterrey, la familia de Jorge Antonio considera que solo fue una medida para calmarlos, pero no para ofrecerles justicia.

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Es que realmente no se ha llegado a la justicia. Yo me pongo a pensar en esa disculpa pública que se hizo hace ya dos años… no sé, como que la hicieron nada más por hacerla”.

Señaló que sintió sincera a Olga Sánchez Cordero, titular de la Segob, sin embargo, el hecho es que más allá de la disculpa no ha habido justicia para su hijo y el otro joven.

Recordó que ese mismo día en el juzgado estaban desahogando unas pruebas que se habían solicitado a los militares, estaban fuera de tiempo y aún así se admitieron, a sabiendas de que no tendrían efecto en el procedimiento.

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Te pones a pensar, ¿entonces las autoridades de parte de quién están?, ¿qué le están buscando?… ¿el olvido? ¿A eso le están apostando, al olvido, o a que me muera? ¿A qué?”, dice al borde del llanto la madre de Jorge, quien por 12 años ha buscado justicia que ni Felipe Calderón, ni Enrique Peña, ni Andrés Manuel López Obrador le han dado.