El gobernador Miguel Riquelme acaba de poner en servicio el Hospital Oncológico Salvador Chavarría, cuyo cascarón inauguró a bombo y platillo su predecesor Rubén Moreira Valdez horas antes de entregar los bártulos. Uno de los fingimientos típicos del “moreirato”. En el extremo del paroxismo, Humberto Moreira llegó a cuestionar incluso la existencia de la megadeuda, a la cual se destinarán 3 mil 700 millones de pesos este año, con una disminución mínima del capital. Negocio redondo para las autoridades de turno y los bancos. Una de las razones de la demora en el equipamiento y la terminación del centro para el tratamiento de cáncer fue precisamente la escasez de recursos.

En los cuatro años transcurridos entre la farsa inaugural y la puesta en funcionamiento, el Gobierno del Estado invirtió 120 millones de pesos y aún faltan 30 millones y ocho meses para terminar el proyecto, según una nota de Rolando Chacón (Inauguran, a medias hospital, oncológico, Reforma, 09-07-21). ¿Cuántas obras más se dejaron tiradas, pero debidamente facturadas? A escala nacional, decenas o quizá centenas, tan solo en el sector salud, de acuerdo con el titular federal del ramo Jorge Alcocer. Apenas en octubre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en operación un hospital de especialidades del IMSS en Ciudad Acuña.

Inaugurar obras sin estar concluidas o abandonar las ya iniciadas debe ser motivo de sanción, incluso penal, máxime si hay malversación de caudales públicos. El Metrobús Laguna debió entrar en servicio hace varios años, pero continúa en el limbo. La infraestructura se deteriora aceleradamente y nadie da explicación de nada. El sistema de transporte es necesario en una metrópoli saturada de vehículos y con altos niveles de contaminación. Ahora se pretende activarlo con deuda a través del esquema de Asociaciones Público Privadas (APP). ¿Un negocio más con cargo al erario y a los usuarios?

Miguel Riquelme recibió como Gobierno también un cascarón, lo mismo que el Hospital Oncológico. Mucha fachada, pero hueco, vacío por dentro. La crisis de la deuda la agravó Rubén Moreira, cuya obra, además, fue nula. No le bastó encubrir a su hermano y a los secuaces del clan. En su gestión se desviaron más de 800 millones de pesos a empresas fantasma y 400 millones del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, de acuerdo con la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero. La investigación está en curso (Sin Embargo, 23-11-20). Otro caso es de los 30 millones de pesos que recibió de AHMSA, por concepto de viáticos, según denunció el presidente López Obrador.

A Moreira le vino como anillo al dedo haber sido impuesto por el líder virtual del PRI, Alejandro Moreno, como coordinador de la escuálida bancada tricolor -formada por 70 diputados- de la próxima Legislatura. El nombramiento del exgobernador dividió aún más a un partido al garete. Los tricolores serán comparsas de la cuarta transformación, pues siempre lo han sido del Presidente de turno. Sin embargo, suponer que AMLO retribuirá el mercenarismo con impunidad para salvar a exgobernadores corruptos (Moreno lo fue de Campeche y pretendió dejar de sucesor a su sobrino Christian Castro Bello, para que, lo mismo que Rubén a Humberto, le cuidara las espaldas) es una apuesta bastante arriesgada. Existen indicios de que al moreirato, al fin, le apretarán las clavijas por los desmanes de 12 años. Después de Torres López, Estados Unidos irá por sus exjefes.