Ciudad de México.- Todas las autoridades de los tres órdenes de Gobierno tienen la obligación de atender y proteger a los menores que han quedado huérfanos a causa de un feminicidio, establece un proyecto de protocolo elaborado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Presentado ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio (NNAOF) prevé diversas medidas de protección especial, incluyendo el “acogimiento residencial” de los menores cuando esté en peligro su vida, integridad o libertad.

“ La situación de los NNAOF es de especial preocupación en su contexto de violencia feminicida, porque constituye un evento traumático que, además de quebrar la idea de familia como un espacio de protección, les coloca en un mayor riesgo de la vulneración de sus derechos”, remarca.

“ El impacto es grave y se requiere de la intervención de todas las instituciones responsables”.

El DIF, así como sus homólogos estatales y municipales, con independencia de los apoyos que brinden otras instituciones, indica, brindarán a los NNAOF asistencia referente a albergue, alimentación, atención médica, atención psicológica, pedagógica y de trabajo social, y acompañamiento en la vida cotidiana para brindarles las herramientas para superar sus pérdidas y duelos.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, recuerda, establece que las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, dispondrán lo conducente a efecto de que los menores huérfanos vean restituido su derecho a vivir en familia y su derecho a recibir formación y protección de quien ejerce la patria potestad, la tutela, guarda y custodia.

“ El Estado debe garantizar que este derecho a vivir en familia corresponda a la realidad, que no necesariamente coincide con la restitución del derecho en una familia definida como tradicional”, apunta.

Los NNAOF, señala el proyecto, deben ser atendidos de manera que puedan incorporarse a alguno de los tipos de familia que garantice la protección de sus derechos.

El protocolo establece una Ruta de Atención en la que se indica que el primer respondiente resguardará a los menores y solicitará atención médica y psicológica de emergencia en caso de ser requerido.

“ La Procuraduría de Protección correspondiente debe abocarse a realizar investigaciones para la localización de familiares; en caso contrario se identificará si hay redes de apoyo para su canalización, tomando como última instancia la institucionalización”, indica.

El DIF plantea la realización de un diagnóstico inicial para determinar si existen condiciones de vulnerabilidad o riesgo para los menores y la creación de un grupo multidisciplinario, de ser el caso, para la elaboración de un Plan de Restitución de Derechos.

En el plan, señala, se identificará a las instituciones públicas o privadas que coadyuvarán en la implementación de las medidas de protección integral.