Ciudad de México.- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México reiteró este viernes su llamado a la reparación integral de las víctimas y la recuperación del medioambiente tras el fatídico derrame en los ríos Sonora y Bacanuchi en agosto de 2014.

Por el séptimo aniversario del accidente, el organismo emitió un comunicado en el que pidió fortalecer los procesos de reparación integral para las víctimas y el emprendimiento de acciones concretas para la recuperación del medio ambiente.

El 6 de agosto de 2014, la falla en una válvula de una mina de Grupo México generó el derrame de 40 mil metros cúbicos de una solución cargada de cobre y otros metales procesados con ácido sulfúrico que contaminaron los ríos Sonora y Bacanuchi, dejando sin agua para consumo humano y actividades productivas a más de 22,000 habitantes de siete municipios.

Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la ONU-DH México, recordó que ante la llegada de una nueva administración en el norteño estado de Sonora “la responsabilidad del Estado, a nivel estatal y federal, incluye asegurar medidas transparentes, participativas y accesibles para todas las comunidades afectadas, en línea con los estándares internacionales en la materia”.

Asimismo, expresó que la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos “no depende de la capacidad o la voluntad del Estado” y señaló que ellas también están obligadas a observar “una debida diligencia en sus procesos y remediar sus errores”.

Reiteró que es fundamental lograr una reparación adecuada y asegurar la no repetición “para garantizar efectivamente los derechos a las víctimas.”

Según un reciente boletín de la ONG Poder, a pesar del desastre ambiental, Grupo México ha argumentado que ya cumplió con el resarcimiento de los daños a las víctimas por el derrame, mientras los damnificados piden al actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que tome medidas al respecto.

El año pasado, el Gobierno mexicano reconoció oficialmente que “pozos que abastecen de agua a miles de personas contienen metales en cantidades peligrosas para la salud” y estableció un plazo para tener un “diagnóstico ambiental”, el cual concluye el próximo 4 de octubre.