Uno de los argumentos para impugnar y disuadir la participación en la consulta popular del 1 de agosto -primera de carácter constitucional-, cuyo propósito era sentar en el banquillo a los expresidentes comprendidos entre Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, fue que «la ley se aplica, no se consulta». El sofisma cae por su peso, pues el régimen se diseñó para encubrir y proteger a los poderosos. En México la ley se aplica de manera excepcional, coyuntural y selectiva. Por tanto, es uno de los países con mayores índices de impunidad. El Presidente, cabeza del sistema, es todavía intocable. La consulta registró una votación de 7% y no el 40% requerido para corregir el absurdo, pero el 97% de apoyo al «Sí» abre la puerta para procesarlos en el futuro.

Guatemala, Honduras, El Salvador, Perú, Argentina y Brasil ponen el ejemplo a México en materia de justicia y combate a la corrupción y a la impunidad. Presidentes de Centro y Sudamérica han sido encarcelados por robar al erario, recibir sobornos y violar derechos humanos. El peruano Alberto Fujimori purga múltiples condenas, y su predecesor, Alan García, se suicidó para evitar ser detenido por el caso Odebrecht. En Brasil, las protestas contra Jair Bolsonaro por el manejo inadecuado de la pandemia de Covid-19, la escasez de vacunas y los escándalos de corrupción cancelan la posibilidad de un segundo mandato e incluso podrían forzarlo a renunciar. La expresidenta Dilma Rousseff fue destituida en 2016 por modificar informes fiscales y expedir decretos sin autorización del Congreso. Luiz Inácio Lula da Silva, antecesor de Rousseff y uno de los líderes más populares y exitosos de América Latina, pasó varios años en prisión por «corrupción pasiva».

El delito «menos grave» atribuido a Salinas de Gortari fue por haberse apropiado «de la mitad de la partida secreta», cifrada en 190 millones de dólares por el diputado Pablo Gómez (Aristegui En Vivo, 29.04.19). La acusación la hizo el entonces secretario de Comunicaciones, Luis Téllez Kuenzler, durante una conversación telefónica filtrada a Noticias MVS (12.02.09). En el Gobierno de Ernesto Zedillo, Téllez se desempeñó como jefe de la Oficina de la Presidencia y secretario de Energía. La partida confidencial desapareció del presupuesto federal hace apenas dos años.

Durante la Presidencia de su hermano, Raúl Salinas sacó 130 millones de dólares del país -tomados en parte de la cuenta secreta- y los depositó en Suiza. Las autoridades helvéticas congelaron las cuentas el 29 de noviembre de 1995. Salinas purgaba entonces una condena de 50 años en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez como responsable intelectual del asesinato de su cuñado José Francisco Ruiz Massieu, exsecretario general del PRI. Las banderas históricas del PAN fueron el cambio y la lucha contra la corrupción. Sin embargo, Salinas quedó en libertad en la administración de Vicente Fox -primer presidente no priista- y en la de Peña Nieto recuperó el dinero inmovilizado por Suiza.

Carlos Salinas privatizó en su sexenio bancos y empresas estratégicas (Teléfonos de México, Altos Hornos de México y TV Azteca), la mayor parte entre compadres. El expresidente puede ser uno de los hombres más ricos del país. Su hermano Raúl también era conocido como «míster ten per-cent» por las comisiones que recibía de contratistas federales. Liberado de culpa en el Gobierno de Peña Nieto, El País ironizó: «Raúl Salinas de Gortari es desde esta semana un ciudadano honorable sin problemas con la justicia. El hermano del expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari ha quedado exonerado de manera definitiva del delito de enriquecimiento ilícito tras un juicio que se ha prolongado durante 19 años. El hombre que en la sombra amasó una fortuna inexplicable cierra su último capítulo de su historia, manchada de sangre y dinero negro, convertido en millonario de por vida» (20.12.14).