Ciudad de México.- El Gobierno asignó una nueva tarea a las fuerzas armadas: trasladar mercancía decomisada a comunidades pobres y regalarla en el “Tianguis del Bienestar”.

Esta labor es realizada por elementos del Ejército, bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

También participan funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT), del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), Función Pública (SFP) y los Gobiernos estatales.

La entrega gratuita de artículos como telas, ropa, calzado, juguetes y herramientas inició el miércoles pasado en Atlamajalcingo del Monte, en la región de La Montaña de Guerrero.

Desde el traslado de mercancía en vehículos castrenses, la clasificación de artículos en cuarteles de la Sedena, hasta la entrega en mano, los operativos sociales quedan bajo control militar.

“ Esta acción conjunta del Gobierno de la República la coordina la licenciada Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad”, confirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“ Ella coordina, pero participa Hacienda, participa la Secretaría de la Defensa, la Secretaría del Bienestar, Aduanas, el SAT, todos participan y ya inició este plan”.

Este Gobierno ha expandido las tareas de las Fuerzas Armadas en distintos rubros, lo que ha sido criticado por activistas, expertos y políticos que advierten una militarización.

Ya no sólo realizan labores de seguridad, sino que transportan combustibles y construyen el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y las sucursales de Banco del Bienestar.

También tienen el control de las aduanas, las contención de migrantes, la limpieza de sargazo en costas de Quintana Roo, así como la distribución y aplicación de vacunas, entre otras.

Incluso, el Ejército tuvo que comprar de urgencia los enseres domésticos que el Gobierno reparte a miles de afectados por las inundaciones de noviembre de 2020 en Tabasco.

Otra de las tareas fue la vacunación contra el Covid-19 en todo el País.

Rodríguez anunció que artículos confiscados y decomisados serán repartidos en 70 municipios con altos índices de extrema pobreza de Guerrero, Chiapas y Veracruz.