Primero, una gran afirmación: usted y yo podremos pensar o imaginar lo que queramos de quien sea. No somos autoridades ni mucho menos representamos a un poder de la Unión, y sobre esta base podremos atribuir vicios o virtudes a quienes literalmente nos venga en gana y compartirlo con amigos. No pasa nada.

Entonces, va: nadie, más allá del círculo íntimo o familiar, podría meter las manos al fuego por Ricardo Anaya, clon blanquiazul de otro impresentable, Enrique Peña Nieto.

Lo más probable es que en su andar en los entretelones del poder a la mexicana haya cometido una docena de excesos y recibido otro tanto de “beneficios” de esos que no se pueden explicar sin recurrir a la palabra corrupción.

Así de simple, Ricardo Anaya forma parte de esa clase política que le hizo y hace tanto daño al país, por acción u omisión.

Ahora, una sutileza: en nuestro país, según esto, nadie es culpable de nada hasta que se pruebe en un juicio y lo determine un juez. En nuestro país, según esto, el que acusa está obligado a probar y el Ministerio Público, en representación del pueblo, debe acreditar todas y cada una de las acusaciones contra el indiciado. Pero habría que olvidarnos de esto.

Ahora las cosas son distintas. Ricardo Anaya ya fue enjuiciado en un tribunal público, la “mañanera”, y encontrado culpable de recibir sobornos por el gran juez, el Presidente, quién le dice a Anaya, y cito: “Yo no te mandé a que hicieras esas cosas. ¿No te diste cuenta?, ¿pensabas que no iba a suceder nada?”, y lo remata calificándolo de “chueco, hipócrita y ladrón”. Pues sí, culpable, y ya eso de que la Fiscalía está obligada a aportar pruebas y que sea un juez quien emita un veredicto sale sobrando.

Anaya es culpable en la única arena que le importa al Presidente, la del escarnio social. Y ni modo, así nos tocó vivir y a todos aquellos que hoy aplauden el lance contra Anaya, pues lo único que deberían tener en cuenta es que las ocurrencias del Presidente abren ventanas de riesgo y ahora serían ustedes quién deba probar su inocencia si a alguien, quien sea, se le ocurre acusarlos de lo que fuera.

Adiós a esa vieja máxima de que el que acusa está obligado a probar, no, ahora el acusado es el obligado a probar su inocencia, según la visión de nuestro Presidente.

Pues que así sea… total, esto cada vez se parece menos a lo que fue, para bien, y para mal.