Ciudad de México.- La Corte federal del Distrito de Massachussets, encargada del litigio iniciado por el Gobierno de México en contra de empresas productoras y distribuidoras de armas de fuego por su responsabilidad en el tráfico ilegal a nuestro país, fijó como fecha límite el 22 de noviembre de este año para que las empresas demandadas respondan a la demanda mexicana y ofrezcan sus argumentos legales.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el viernes pasado, la Corte federal aprobó el calendario propuesto por las partes para el desarrollo de la primera etapa del proceso judicial.

Se explica que, una vez cumplido el plazo de la respuesta a la demanda, México podrá presentar su réplica a su contraparte antes del 31 de enero de 2022. Finalmente, las compañías demandadas deberán presentar su contrarréplica antes del 28 de febrero de 2022.

“ La Secretaría de Relaciones Exteriores, por conducto de la Consultoría Jurídica, seguirá coordinando a las dependencias y entidades federales mexicanas competentes para dar seguimiento a este importante litigio y actuar oportuna y contundentemente en defensa de los intereses del Estado mexicano”.

México a través de la Cancillería, presentó el pasado 4 de agosto una demanda contra al menos 11 fabricantes de armas de fuego, entre ellas Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, así como Glock y Ruger por no tener mecanismos de regulación que eviten la venta ilegal a distribuidores que las revenden en nuestro país a integrantes del crimen organizado.

Según la demanda, interpuesta en la Corte de justicia de Massachusetts, alrededor del 68 por ciento de las armas producidas por esas empresas pueden ser traficadas de forma ilegal lo que significa que anualmente venden más de 340 mil armas a compradores que no son identificados y que se ha detectado llegan a miembros de los carteles de la droga en nuestro país.

“ Esta demanda no está en contra del comercio de armas, lo que busca un comercio responsable en donde si en verdad las empresas demandadas se rigieron por la ley, tendrían prácticas comerciales más estrictas para abstenerse de anunciar entre la población civil, armas de alto poder para fines militares; sancionar a distribuidores y vendedores que violan la ley estadounidense (y) cooperar con las autoridades estadounidenses para identificar la ruta que siguieron en la cadena comercial, armas utilizadas en delitos en México. Esta información podría beneficiar a la investigación y procuración de justicia”, asegura la SRE.