Ayer en Ensenada, Baja California, se consumó un hecho histórico: el “acuerdo para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera” que circulan en los estados fronterizos del país, Coahuila incluido.

Luego de varios días “calentando” el tema en su conferencia matutina diaria y usando los medios de comunicación como caja de resonancia, anticipando y midiendo reacciones de actores involucrados, el decreto firmado por el Presidente de la República, permitirá legalizar los automóviles “chocolate”. Dicha medida, cabe señalar, solo aplicará para los que ya están aquí, en territorio nacional, y no para los que llegarán eventualmente, pues la coyuntura puede provocar un emergente negocio en la introducción de vehículos por la frontera norte. Consecuentemente, es natural, se encarecerían los “chuecos”. Zócalo trató el caso en su edición de los últimos tres días; diferentes aristas fueron abordadas. Sin embargo, salvo el costo de la regularización: 2 mil 500 pesos en único pago, en el evento protocolario desarrollado ayer no fueron abordados mayores detalles, los cuales lógicamente se irán desenvolviendo sobre la marcha. El más importante sería determinar la forma en que, independientemente de su origen, seguirán suponiendo obligaciones fiscales anuales.

Ahora bien, sobre un padrón de alrededor de 110 mil coches en Coahuila en situación de irregularidad, la medida supone captar 275 millones de pesos en el entendido de que todos los que circulan paguen al unísono. Cifra inicialmente positiva (y que deberá integrar un fondo estatal para mejorar vialidades) pero que a la larga supone otros costos.

Aquí es donde el fenómeno se torna muy interesante. De entrada, justo es decir que sin regularizar ya circulan igualmente por el estado. En la Región Centro, principalmente, y de Monclova hacia Piedras Negras, son tolerados.

Por otro lado, en nuestra sociedad se ha impuesto una estructura silenciosa de producción y distribución. Un solo modelo de negocio transnacional, donde una burbuja rodante de policarbonato y cristal, la más austera, cuesta más de 230 mil pesos.

¿Quién puede pagarlos? ¿Quién en su sano juicio quiere pagarlos? Un factor a considerar es la ley de la oferta y la demanda pues, a mayor competencia, en este caso con los regularizados, los actuales precios inflados de las agencias tendrían que abaratarse.

La industria automotriz es un agente de poder. La mano invisible, en la ecuación. Con la pandemia la venta de autos nuevos ha disminuido a nivel mundial. ¿Es necesario seguir produciendo tantos automóviles en serie, apilados en bodegas a la espera de mejores condiciones, cuando las restricciones a la movilidad son la principal política pública? Eso sin tomar en cuenta la crisis económica y otros factores asociados a la emergencia sanitaria.

Luego está el clúster Automotriz en la Región Sureste de la entidad. La posibilidad de que pueda disminuir su producción, lo cual por consecuencia significa prescindir de trabajadores. Desempleo, pues.

Y hasta quienes creen que no tienen vela en el entierro: los poseedores de vehículos de reciente modelo, también resentirán el decreto, ya que la participación de los todavía “chuecos” en el mercado depreciará con mayor aceleración el valor de los coches nuevos adquiridos en los últimos años.

Al depreciarse más rápidamente, es previsible que se rompa el ciclo actual de renovación, y se opte por conservar el mismo vehículo antes de malbaratarlo para comprar otro de modelo más reciente, como sucede en la actualidad. Una con otra. Ahí pierde otra vez la industria, que no acomoda su producción.

Tampoco podemos evadir esa proclividad a la ilegalidad que nos caracteriza. A lo chueco. Por ignorancia muchas veces, y con conocimiento de causa en otras. Se debe romper ese círculo vicioso. Y la evasión fiscal en que se hallan. Para nadie es un secreto que los ‘chocolates’ son atractivos para ser utilizados en la comisión de delitos debido al anonimato en que se hallan, sin mecanismos de empadronamiento.

Entrar a registro supone un mayor control de datos personales, con una eventual repercusión en la seguridad y control vehicular. Y que, eventualmente, sean sujetos de ser asegurados, pese a que en la actualidad sí son susceptibles de ser asegurados. Al tener estatus de regular es previsible que más propietarios opten por asegurar ese patrimonio, ya que actualmente solo uno de cada 3 en circulación posee seguro, sin importar si son nacionales o importados.

Cortita y al pie

Por lo demás, más allá de que la medida causará un impacto negativo directo a la recaudación por Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), mismo que puede ser paliado con el ingreso por regularización, otro tema por el cual se sataniza es la emisión de contaminantes, al tratarse de vehículos con más de 10 años de antigüedad, como si solo los “chocolates” contaminaran.

¿Y quiénes creen que compran autos seminuevos y por tanto más contaminantes? O mejor dicho: ¿a dónde creen que van a parar los de segunda mano una vez son cambiados por modelos más recientes? Siguen aquí, pero en otras manos.

La última y nos vamos

Finalmente no se puede soslayar el asunto de clase que subyace. El estatus que confiere a la persona la posesión de un automóvil desde tiempos inmemoriales, con especial acentuación en el norte del país. Con la regularización, “ya cualquiera podrá tener un coche”, podría decir alguien al respecto.

¿Y no se trata precisamente de eso, de igualdad de oportunidades? ¿Por qué debería ser un privilegio de clase solo para unos cuantos? ¿Por qué molesta que otros, más desfavorecidos, se ‘igualen’?

Ahí está el quid de la cuestión.