Ciudad de México.- La industria automotriz en México no descarta interponer amparos contra el decreto del presidente Andrés Manuel López, que regularizará los vehículos ilegales usados de procedencia estadunidense y canadiense, también conocidos como chuecos.

Al reiterar que la medida gubernamental beneficia a “mafias criminales y a la burocracia corrupta”, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), advirtió que “(ante) el instrumento jurídico que fundamenta la regularización emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador se evaluará la pertinencia jurídica de emprender acciones de defensa ante el Poder Judicial de la Federación”.

Debido a la falta de reglas de operación para implementar la regularización de los autos chocolate, la asociación que aglutina a más de 2 mil 500 distribuidores de automotores nuevos exigió al presidente López Obrador instrumentar “de inmediato” políticas públicas para solucionar de raíz el fenómeno del contrabando automotriz.

Los empresarios que comercializan y producen vehículos en México advirtieron que la regularización “ilegal” de un parque vehicular de más de 1.5 millones de unidades de autos usados importados de forma ilegal desde Estados Unidos y Canadá provocará menores ventas de modelos nuevos –que de por sí enfrenta problemáticas por la pandemia por el Covid-19 y la crisis económica–, la caída en la recaudación de impuestos y la reducción en el valor de reventa de los autos usados nacionales.

La AMDA, a través del director Guillermo Rosales, se pronunció por “tolerancia cero” al flujo de vehículos de contrabando por los puertos fronterizos. “Es indispensable acabar con la corrupción aduanera, así como equipar tecnológicamente los puntos de revisión vehicular para identificar los vehículos con placas sobrepuestas, alteraciones documentales y daños mecánicos visibles”.

Sin conocer los lineamientos de operación del decreto automotor, los distribuidores pugnaron por desarrollar un plan integral de movilidad para la frontera norte, en el cual se incluyan disposiciones jurídicas, administrativas y financieras, que permitan dotar de un sistema integrado de transporte público, infraestructura urbana y saneamiento ambiental, mediante el concurso de los tres niveles de Gobierno (federal, estatal y municipal) y de la Iniciativa Privada.