Ciudad de México.- La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) aseguró este domingo que la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes está en el territorio nacional y que prohibir los videojuegos es una falsa solución al problema.

A través de un comunicado, la organización hizo un llamado a las autoridades mexicanas a desarrollar una estrategia integral de seguridad y prevención con enfoque de derechos que garantice la protección de niñas, niños y adolescentes ante el incremento de violencia armada. 

En Redim queremos dejar claro que ni los videojuegos ni las plataformas digitales son las responsables de las violaciones en contra de los derechos de nuestras infancias en México”, aseguraron. 

“Por el contrario, estas plataformas son lugares de comunicación, de acceso a la información y expresión de las propias opiniones, que en el contexto de resguardo por la pandemia aumentó la participación y socialización digital”, indicaron.

El “Caso Free Fire”, presentado la semana pasada en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que tres niños fueron rescatados de un intento de reclutamiento por parte del crimen organizado para realizar labores como halcones “revela el alcance en la diversidad de las operaciones delincuenciales hacia todo tipo de espacios de convivencia y socialización”.

“

Tal como lo hemos señalado en nuestro informe “Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México”, ellas y ellos son víctimas permanentes de las desigualdades sociales y económicas y muy especialmente, de la violencia generalizada y armada que toca a la niñez y adolescencia”, indicaron.

“También carecen de posibilidades de participación en una sociedad adultocéntrica que les expulsa una y otra vez de espacios de reconocimiento”, aseguraron.

La red urgió a que el reclutamiento por el crimen organizado, en cualquiera de sus modalidades, sea tipificado dentro de los delitos que deben ser castigados en México.

“

Buscar, investigar y juzgar a quienes realizan estas prácticas contra las infancias tiene que ser una prioridad del Estado y sus autoridades”, dijo.

Con información de LatinUs.