Tras el remezón causado por los Papeles de Pandora a principios de octubre, corresponde al Gobierno de cada país investigar la licitud de los fondos transferidos a paraísos fiscales, tanto para invertir y resguardar capitales como para evadir el fisco, crear empresas fantasma, ocultar bienes e incluso lavar dinero. Sebastián Piñera, Presidente de Chile, acaba de librar un juicio de destitución en el Senado. El Congreso —de mayoría opositora— lo acusó de utilizar el cargo para tramar negocios personales. Los Papeles de Pandora desvelaron su participación en la venta de una mina operada por una offshore en las Islas Vírgenes Británicas. La pesquisa del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) dejó mal parado al Mandatario de derechas.

Animado por el apoyo y la movilización del oficialismo, Piñera había acudido al Servicio de Impuestos Internos y al Ministerio Público para descalificar la acusación por “infundada”. El empresario dista mucho de ser un pobre político. (Tampoco lo era el mítico exgobernador de Estado de México, Carlos Hank González, cuya fortuna calculó la revista Forbes en mil millones de dólares). En 2017, un año antes de ganar la Presidencia, la riqueza de Piñera rondaba los 2 mil 700 millones de dólares, según Forbes, pero como candidato solo declaró 600 millones. El resto lo habría ocultado en Islas Vírgenes, de acuerdo con el Centro de Investigación Periodística (Ciper) de Chile (Wikipedia).

Los países reaccionaron a los Papeles de Pandora según la fuerza de las oposiciones y el rigor de los medios de comunicación, pero su sola exhibición representa una condena. En el ámbito local, el exgobernador Enrique Martínez y el senador Armando Guadiana dieron sus versiones solo para salir del paso. El secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes, dejó su defensa al gobernador Miguel Riquelme. Sin embargo, el tema los rebasa. Corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera, ahora a cargo de Pablo Gómez, determinar si los activos fueron declarados ante la Secretaría de Hacienda. Ese es el meollo del asunto.

Contrario a lo que sucede en Las Vegas, “no todo lo que pasa en Coahuila se queda en Coahuila”. La publicación de los Papeles de Pandora coincidió con el informe legislativo de Guadiana, quien primero culpó a sus contadores por omitir 28 millones de dólares en su declaración patrimonial. El capital lo manifestó ante Stanford Financial Group, cuyo fundador purga una sentencia de 110 años de cárcel por un fraude multimillonario (El País, 03.10.21). El senador de Morena dijo que el fideicomiso The Hawaii Trust, iniciado con un depósito inicial por 250 mil dólares en las Islas Vírgenes Británicas, era para un proyecto minero en Colombia donde finalmente no invirtió.

En medio de una andanada mediática (Denise Dresser, Sergio Sarmiento, Guadalupe Loaeza y otros columnistas pusieron en la picota al senador coahuilense), Guadiana cambió de versión. Según él, no estaba obligado a revelar su patrimonio, pues en 2007 aún no era funcionario público. Sin embargo, como senador tampoco declaró las acciones en Atlantic Industries Internacional Limited. En rueda de prensa se presentó como un contribuyente ejemplar, pero, sobre todo, como un hombre no rico, sino muy rico. Dijo que en la última década sus ingresos personales rebasaron los 200 millones de pesos -“y más de mil millones (…) en los últimos 50 años” (Reforma, 06.21)-, de los cuales pagó más de 60 millones al fisco por concepto de Impuesto Sobre la Renta. A los empresarios políticos de la 4T (Carlos Lomelí, Jaime Bonilla y Guadiana) podrá irles bien en los negocios, pero han perdido puntos con el presidente López Obrador.