Todavía hay personas, entre ellas intelectuales y comentaristas políticos, que afirman que con la legalización de algunas drogas, la violencia en el país disminuiría; pero la evidencia empírica señala que la delincuencia organizada tiene más ramificaciones y áreas de influencia para dañar a la población, aun sobre los estupefacientes; actividades que hace algunos años era difícil de concebir que estuvieran “reguladas” por organizaciones criminales, como el control de las caravanas de migrantes, el robo de combustible y hasta la producción de algunos agrícolas, como el limón y el aguacate, entre otras. Sobre el aguacate escribiremos algunos puntos relevantes, pero desde la perspectiva de la sustentabilidad, en cuanto a su producción y cadena de distribución, ya que por obvias razones es complejo obtener información de su mercado negro.

Michoacán, una de las entidades federativas más violentas del país, es la principal productora de aguacate. Trata de satisfacer la demanda generada por el mercado estadunidense con millones de familias que paladean este exquisito manjar. Su vocación exportadora es uno de los factores que lo hacen sumamente rentable y codiciable. Se estima que México aporta cerca de 50% de la producción mundial de ese fruto. En el mercado nacional el precio del kilogramo generalmente rebasa los 50 pesos, y con una calidad inferior a la de exportación; mientras más se deprecie el peso frente al dólar aumentan las ganancias de los productores, cuya derrama económica no se ha visto reflejada en el bienestar de las familias campiranas, pues se focaliza en unas cuantas personas o familias.

Para cultivar el aguacate se requieren superficies que estén expuestas directamente a los rayos solares, es decir libres de árboles o de maleza. Esta peculiar característica del arbusto requiere que se tengan que desmontar hectáreas que generalmente eran tierras boscosas o con otro tipo de vegetación, por lo que la deforestación ya está influyendo en el ecosistema, a tal grado que han ido al alza las inundaciones y sequías en la región. Desde el punto de vista de la sustentabilidad ambiental es insostenible, y si se añade la gran cantidad de agua que requiere para su crecimiento y maduración, la situación empeora.

Y en el gasto del agua, tanto oferentes como demandantes comparten la misma responsabilidad: el primero (productor) realiza un consumo real, mientras al segundo se le denomina consumo virtual, definido como la cantidad de “agua” que se “exporta” necesaria para que el fruto llegue al mostrador del negocio o a la mesa del restaurante, obviamente localizados en el extranjero; cuando el demandante es nacional es el mismo proceso. Y si se habla del aguacate orgánico, los costos de producción son mayores en relación con el que proviene de huertas que utilizan fertilizantes no naturales.

La disyuntiva que enfrenta el Gobierno es dejar que las cosas sigan con el esquema actual de producción, sin implementar ninguna política, hasta llegar a la devastación total de los terrenos  o bien, incentivar a los productores para que lleven a cabo un comercio justo, que no atente contra la vegetación nativa del lugar y no sobreexplote los mantos acuíferos. Con ello, probablemente los precios del aguacate subirían, bajaría la demanda nacional y surgirían productos sustitutos del tradicional guacamole.