Las manifestaciones en Saltillo y las principales cabeceras municipales del estado contra el “fraude electoral” del 4 de junio de 2017, convocadas por el Frente por la Dignidad de Coahuila, en las cuales participaron decenas de miles de personas; la huelga de hambre frente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para demandar la anulación del proceso; la presión mediática nacional; el repudio al “moreirato” y la validación de los comicios una semana antes del relevo gubernamental, anticipaban para Miguel Riquelme un sexenio ríspido y cargado de conflictos. Sin embargo, la apertura, la conciliación y el restañamiento de agravios acumulados en el docenio de Humberto y Rubén Moreira le permitieron salir del atolladero.

Riquelme asumió el Gobierno con una deuda por más de 40 mil millones de pesos con bancos y con proveedores y la demanda ciudadana de enjuiciar a los responsables, la cual sigue sin respuesta. Al mando de un Gobierno política y financieramente frágil, Riquelme debió templar su carácter, reagrupar al PRI, dividido también por el clan, y tender puentes con las oposiciones, los liderazgos y los sectores perseguidos por sus predecesores. El cambio de estilo —el de Moreira I era frívolo y pendenciero; y el de Moreira II, arrogante y megalómano— ayudó a distender el ambiente en el estado.

La impunidad solapada por el Sistema Estatal Anticorrupción —compuesto por la Fiscalía General del Estado y el Instituto de Acceso a la Información Pública, entre otras instancias— y la justicia negada en los tribunales se castigaron en las urnas. Riquelme ganó con el menor margen (2.5%) en toda la historia electoral del estado. El PRI —junto con otros seis partidos— obtuvo 482 mil votos, pero por primera vez en sus 78 años fue rebasado por las demás fuerzas políticas (PAN, Morena, PRD, PT y los candidatos independientes sumaron 759 mil). La cortedad de miras y el protagonismo de los candidatos de oposición frustraron la alternancia en Coahuila.

El PRI perdió en el mismo proceso la mayoría en el Congreso, lo cual tampoco había sucedido, y las principales alcaldías, excepto Saltillo. La tendencia se mantuvo en 2018: Morena arrasó en las elecciones presidenciales, ganó las senadurías de mayoría relativa y, junto con el PAN, cinco de siete diputaciones federales. Para atraerse a los grupos de presión, Riquelme entregó secretarías clave (Gobierno, Finanzas y Economía) a saltillenses avalados por el sector privado (José María Fraustro, José Blas Flores, exrectores de la UAdeC y excolaboradores de Rubén Moreira, y Jaime Guerra, expresidente de la Canacintra), pero no el control total. Pues en segundas posiciones colocó a operadores suyos, como Javier Herrera, subsecretario de Egresos y Administración. El resto de las carteras importantes (Infraestructura, Fiscalía y Salud) las entregó a laguneros de su círculo.

Adoptar un perfil bajo, evitar ser piedra de escándalo —como sí lo fueron Humberto y Rubén Moreira—, abrir el Gobierno a las corrientes del PRI excluidas y acosadas por el clan, conservar los fundamentos del grupo en el poder desde hace 16 años, negociar con las oposiciones —en particular con el PAN— y ser aquiescente con el sector privado le ha permitido a Riquelme gobernar sin conflictos mayores. Asimismo, recuperó la mayoría en el Congreso y afianzó su control sobre la UAdeC, el Tribunal Superior de Justicia del Estado y los órganos “autónomos”. También tiene de su lado al sector privado, siempre en pugna con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, a escala federal, ha logrado separar a las oligarquías de las decisiones políticas, cosa que aún sucede en la mayoría de los estados.