Exactamente en un mes, el 1 de enero de 2022, habrá cambio de administración en los 38 municipios de Coahuila.

El reto será doblemente importante porque encima de los ya anunciados ajustes presupuestales, la deuda pública que podrían heredar y las enmiendas frente a la “herencia” de obra inconclusa, o de programas insostenibles, las y los nuevos alcaldes tendrán que implementar acciones que garanticen la seguridad pública y la generación de incentivos para el crecimiento y la llegada de nuevas inversiones.

El cambio de presidentes (as) municipales no es cosa menor. Los ayuntamientos han iniciado con el proceso de entrega recepción en la mayoría de las ciudades del estado, pero ¿qué pasará si llegan a cargos municipales, personas que no tienen experiencia en el servicio público?

Mientras sortean la curva de aprendizaje, tendrán una importante agenda por desahogar, frente a la crisis financiera y a la falta de recursos económicos para el arranque del 2022.

Algunos factores importantes serán las designaciones de colaboradores en áreas como la Secretaría de Ayuntamiento, Tesorería, Contraloría, por citar algunos de los que llevan una buena carga de responsabilidad, sobre lo que los expertos llaman “una correcta gestión del gasto”.

E incluso, algunos grupos de sociedad civil como PC29 y Consejo Cívico de Instituciones de la Laguna (CCI Laguna) en Torreón, han pugnado porque las personas que aspiren a estas posiciones sean designadas a través de procedimientos de competencia, en la práctica poco se ha logrado avanzar en esta propuesta que busca garantizar transparencia y evitar la discrecionalidad en los nombramientos de este calado.

Podría decirse que las posiciones clave en un Ayuntamiento de esta entidad o de cualquier ciudad del país, están entre quienes administran la parte legal, el erario, controlan o vigilan el ejercicio del dinero público y la seguridad.

De ahí que, como ciudadanos, deberíamos considerar el dar seguimiento y conocer un poco más sobre los perfiles y trayectoria de quién o quiénes estarán al frente de oficinas que llevan responsabilidades de esta índole.

Si bien existen normas y leyes reglamentarias sobre los nombramientos municipales o de algún otro rango, las trayectorias y conocimientos técnicos que debe tener quien aspire a un cargo como el de Contralor (a) Municipal, son de trascendencia.

Es necesario impulsar procesos abiertos, que vayan incluso, hacia la certificación de servidores públicos. La acreditación de conocimientos en materias especializadas o en agendas específicas son factores que pondera la actividad pública y la observancia ciudadana, que evitan o llevan al mínimo, la comisión de errores u omisiones al aplicar el gasto público.