Ciudad de México.- Las Fiscalías Anticorrupción en México carecen de un diseño institucional adecuado, así como de recursos y capital humano suficiente para su operación, advierte una investigación de la organización ciudadana Tojil y del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Además, entre 2019 y 2020 se redujo el presupuesto de siete de esas fiscalías estatales en Guanajuato, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Hidalgo, Colima y Veracruz, según el estudio coordinado por la especialista Adriana Greaves.

En esas circunstancias, la mayoría de los casos de corrupción no se sancionan, se advierte.

De acuerdo con la investigación, entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de mayo de 2020, únicamente ocho estados reportaron haber judicializado más del 5 por ciento de las investigaciones iniciadas, es decir, son muy pocos los casos llevados ante la autoridad competente para recibir una sanción.

Los estados con mayores cifras fueron Sonora (13 por ciento), seguido por Michoacán (10 por ciento), y Sinaloa y Coahuila (9 por ciento).

Según el estudio, las 29 Fiscalías Anticorrupción evaluadas en el estudio carecen de un protocolo de audiencias, de protección a testigos, entregas vigiladas y operaciones encubiertas, lo que significa que hay pocos instrumentos normativos para realizar investigaciones de actos de corrupción.

Además, en 10 Fiscalías Anticorrupción el nombramiento del titular lo hace el Fiscal General, lo que limita la autonomía y genera incertidumbre en la estabilidad de su cargo.