El presidente Lopez Obrador y su Gabinete firmaron hace una semana un Acuerdo para elevar a rango de seguridad nacional las obras y proyectos públicos federales. Publicado en el Diario Oficial de la Federación, se establece que estos, serán considerados de interés publico y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional. Dicho Acuerdo genera en cualquier caso el efecto de decreto deseado por el Presidente. ¿Y cuáles son esos efectos legales?

Protegerse de forma relativa contra los amparos, ocultar los costos de las inversiones, los sobrecostos, y las fuentes generadoras del recurso, así como todo tipo de información técnica, operativa, de análisis, de impacto ambiental, de certificaciones, de fallas, etc. Ausencia de rendición de cuentas; al protegerse de modo amplio contra deberes de publicación minuciosa de las finanzas (cuentas públicas) de las obras y de sus aspectos técnicos y evitar el escrutinio público y de medio de comunicación por todos los fracasos que las obras impliquen. Sin embargo, el Acuerdo del Presidente no reúne ninguno de los supuestos que se consideran seguridad nacional establecidos en la ley, ni los elementos para dotar a las obras de tal carácter.

El Presidente, en su acuerdo, no ofrece por ningún lado la debida fundamentación y argumentación para justificar sus pretensiones. Ni siquiera justificaciones mínimas que tenga en cuenta los riesgos o causales que pudieran impactar de algún modo en las obras. Con ello se pasa por el arco del triunfo la transparencia y la rendición de cuentas que debe prevalecer sobre todo en todas las inversiones públicas, obras públicas y en general en todo acto de Gobierno. Un detalle del que no se ha hablado mucho es el del alcance prácticamente ilimitado del Acuerdo, donde AMLO no sólo “protege” sus obras, sino, de paso, todas las obras de su Gobierno de manera extensiva e ilimitada.

Esto es un acto sumamente ilegal y una burla para las y los ciudadanos. De acuerdo con la Ley General de Transparencia, es el INAI el que debe analizar el Acuerdo, o bien sus efectos inmediatos, y proceder a controvertirlo. Pero, la misma ley establece que a su vez, el Gobierno federal, por conducto de su consejero jurídico, puede defenderse de lo que determine el INAI ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; esto cuando se trata de temas de seguridad nacional, como en este caso.

Aparte, queda la posibilidad de que ciudadanos y organizaciones pudieran intentar ejercer ciertos medio de defensa, dependiendo de cómo interpreten la ley los jueces de distrito y los magistrados de circuito. Cabe señalar que desde que iniciaron estas obras, organizaciones civiles y políticos de oposición han presentado amparos para frenar sus construcciones por distintos motivos: desde impacto ambiental y apropiación del territorio hasta el uso de recursos públicos.

Ante las críticas por la publicación del Acuerdo, el Presidente vuelve a mentir y se defendió diciendo que el propósito es solo “agilizar trámites para que no se detengan las obras” pero que se garantizará la seguridad y confianza a las empresas participantes. “Es un acuerdo interno para facilitar y que podamos terminar las obras”, dijo en su conferencia de prensa. Nada mas fuera de la realidad. Desgraciadamente este Acuerdo es un duro golpe a la transparencia y rendición de cuentas, este Acuerdo es un peligroso paso hacia un estado de excepción que favorece la opacidad, la discrecionalidad y la corrupción.