La educación, la ciencia y la cultura se han convertido en un estorbo para quienes ejercen el control político que se sustenta en el elogio de la ignorancia, la confrontación social y el uso discrecional de los recursos públicos para garantizar la fidelidad de una clientela electoral.

Las acciones para inhibir todo esfuerzo encaminado a promover la creación y difusión del conocimiento y de la cultura, han estado precedidas de una narrativa de menosprecio al quehacer intelectual.

Se estigmatiza el estudiar posgrados, peor si son en el extranjero; se ridiculiza a los profesionistas con la falsa idea de que su trabajo cualquier persona lo puede hacer, aún sin haber estudiado; se cancelan los fondos de apoyo a la ciencia; se calumnia públicamente a las instituciones académicas más prestigiadas del país; se persigue de manera ilegal, con las instituciones de justicia, a distinguidos integrantes de la comunidad científica; y se adoptan medidas arbitrarias para imponer el control en las comunidades del sector educativo que no se someten voluntariamente.

El más reciente capítulo de la embestida del Gobierno populista en contra de quienes cometen la rebeldía de pensar por sí mismos, adversarios naturales por supuesto, es la campaña de calumnias e imposiciones arbitrarias en contra del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), una de las instituciones académicas del país con mayor reconocimiento y prestigio por su quehacer de excelencia en la investigación, la docencia y la difusión de las ciencias sociales.

No obstante que el CIDE es un Centro Público de Investigación (CPI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y se financia principalmente con recursos públicos, su labor de producción y divulgación de conocimiento siempre ha sido objetiva y rigurosa.

Así lo muestran sus aportaciones para señalar diversas irregularidades en la administración gubernamental y mejorar los sistemas de transparencia y rendición de cuentas, rediseñar políticas públicas y contribuir a fortalecer el andamiaje de nuestra democracia electoral.

Así, sorprende a la opinión pública nacional que ahora, desde la misma Presidencia de la República, se calumnie a la comunidad del CIDE como cómplice de “los gobiernos neoliberales, corruptos y conservadores”, y se les imponga a un director del Centro totalmente ajeno a su quehacer y sometido a las barbaridades que dicta el CONACYT.

Por lo que se observa, el propósito del Gobierno federal es someter a las instituciones, comunidades y personas comprometidas con el desarrollo educativo, científico y cultural a un proyecto de poder político. Lo que menos importa –irresponsablemente– es que con ello se destruyen las bases que son indispensables para impulsar el desarrollo y la prosperidad del país.

La conclusión es evidente. El futuro de un México con una economía más competitiva, menos pobreza y desigualdad, mejor calidad de vida, sin corrupción, mayor seguridad pública, estado de derecho y respeto a la dignidad de las personas, es totalmente incompatible con la naturaleza del actual régimen gubernamental que encabeza el Ejecutivo federal.

Por esto debemos defender al CIDE. Perder la batalla en contra de que se someta la inteligencia al poder de un Gobierno populista, es perder la capacidad de construir un mejor futuro para nuestro país.