Después de la elección dudosa de Felipe Calderón en 2006, la de Peña Nieto parecía inobjetable y alejada del escándalo. Sin embargo, la ventaja de 5.6% sobre Andrés Manuel López Obrador la obtuvo con un gasto 410% por encima del límite autorizado. Si la Unidad de Fiscalización “autónoma” del IFE hubiese funcionado, el proceso se habría anulado. Peña recibió el título de “tele Presidente” por el apoyo del duopolio a su campaña y la animadversión hacia el principal candidato opositor. Igual que a Salinas de Gortari en 1988, el PAN legitimó un resultado a toda luz fraudulento. Para aislar a AMLO, Peña incorporó al PRD al Pacto por México. La respuesta del Presidente al conflicto poselectoral fue una reforma para corregir las fallas y omisiones de la anterior, las cuales le permitieron hacerse con el poder.

En 2014, con los votos del PRI, PAN y PRD en el Congreso, el IFE se transformó en Instituto Nacional Electoral (INE), ente burocrático cuya plantilla excede los 15 mil empleados y su presupuesto rebasa los 20 mil millones de pesos anuales. Se le facultó para homologar los procesos federales a efectos de “garantizar altos niveles de calidad democrática” (¿los anteriores no los tuvieron?), designar a los consejeros de los organismos locales (antes eran nombrados por los congresos estatales de acuerdo con el interés de los gobernadores), y asumir sus funciones en las circunstancias previstas por la ley. El número del consejo general aumentó a 11 miembros; el periodo de Lorenzo Córdova se amplió a nueve años y se le nombró presidente con el aval del PRI y el PAN. Córdova fue dos años consejero con Felipe Calderón, seis con Peña Nieto y cuatro lo será con López Obrador, pues concluirá su ejercicio en 2023. Entonces habrá sumado nueve años en la presidencia del INE.

La reforma peñista obliga al INE a organizar la elección de las dirigencias partidistas, cuando lo soliciten; garantizar a los candidatos independientes acceso a tiempos de radio y televisión para divulgar sus campañas; verificar que se cumpla el requisito mínimo del 2% de la lista nominal para solicitar consultas populares y realizar las actividades necesarias para su organización, cómputo y declaración de resultados. El punto clave —para evitar que la influencia del capital decida las elecciones, como sucedió en 2012— es la fiscalización de los recursos que ejercen los partidos a escala federal y local durante las campañas, y no después de meses de su terminación. Esa argucia le permitió a Peña exceder en más de cuatro veces el tope legal para comprar votos a través de mecanismos como los de las tarjetas Monex y Soriana.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, lo mismo que sus predecesores, promueve una nueva reforma electoral. Pero a diferencia de Carlos Salinas, Felipe Calderón y Peña Nieto, sin la presión social y política de una elección fraudulenta e impugnada. Pues la suya ha sido una de las pocas legitimadas con más de 30 millones de sufragios. La propuesta de la cuarta transformación —rechazada por el PRI, PAN, PRD y otros agentes, entre ellos Lorenzo Córdova— consiste en reducir el presupuesto del INE, el número de consejeros y el sueldo del consejo general. También plantea suprimir los institutos locales, los cuales no han dejado de ser satélites de los gobernadores, para ahorrar dinero a los estados y evitar duplicidades. Incluso ha sugerido transferir las funciones del órgano electoral al Poder Judicial de la Federación como ocurre en otros países.