Si bien al tercero de los poderes del Estado se le puede revisar por su actividad jurisdiccional: sentencias, expedientes, tesis aisladas o asuntos en trámite, su actividad administrativa es poco auditada periodísticamente, por no decir invisible a la opinión pública.

Y es ahí donde temas interesantes pasan inadvertidos. Cito un ejemplo: el Poder Judicial de Coahuila oficialmente anuncia la conclusión de la obra denominada Centro de Justicia de la Región Carbonífera, inaugurada en San Juan de Sabinas el 15 de diciembre del año pasado a un costo de 40 millones de pesos, cerrados, sin ofrecer mayores detalles ni mucho menos datos del contratista favorecido. Nada más.

Sin embargo, a partir de aquí empieza todo. Por principio de cuentas en el presupuesto de egresos para 2021 del Poder Judicial solo había etiquetados 27 millones 937 mil 261 pesos para gastar en el capítulo “inversión pública”, en específico el apartado relativo a “obra pública en bienes de dominio público”.

Dicho de otra forma: el nuevo edificio no pudo costar entonces más de los 27.9 millones de pesos disponibles para tal efecto, particularmente cuando los 976 millones de pesos totales del ejercicio fiscal estaban ya comprometidos entre conceptos como pensiones y jubilaciones, y no había margen para el ahorro de recursos que se pudieran destinar al inmueble.

Cabe señalar que los recursos en el Poder Judicial no sobran. Para dimensionar: recibirá solo 900 millones de pesos en 2022, una disminución del 7.5 por ciento.

Pero aún hay más estirando el hilo del caso. Al tercer trimestre de 2021, es decir, al 30 de septiembre (última fecha con información pública oficial actualizada), el Poder Judicial había ejercido, devengado y pagado 19 millones 803 mil pesos de los 27 millones 937 mil mencionados, o sea 70%, con un subejercicio de 8 millones 133 mil a disponer en el último trimestre del año.

Pero según la propia relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio, también con fecha 30 de septiembre de 2021, el valor en libros del edificio en cuestión era de solo 17 millones 723 mil 716 pesos. El oficio donde consta lo anterior lo firman el oficial mayor, José Manuel Gil Navarro, y la directora de Recursos Financieros de la Oficialía Mayor, Silvia Gabriela Saucedo Muñoz.

No se trata de una cantidad a medias ya que no se invirtieron recursos adicionales en adquirir el terreno, pues este se obtuvo mediante una donación de Gobierno del Estado.

Así, entre los 40 millones de pesos comunicados y los 17.7 millones reales, hay una diferencia de 22.3 millones de pesos. Un plumazo, pues. Otro. Incluso dando por hecho que al 31 de diciembre de 2021 se gastarían los citados 27.9 millones en la obra, el plumazo sigue siendo considerable. La danza de los millones marea.

Cortita y al pie

Infraestructura judicial, tan necesaria como cuestionable y poco transparente. En Ciudad Acuña funciona desde 2020 un juzgado civil y otro familiar, una sala de audiencia oral y espacio para una delegación del Instituto Estatal de Defensoría Pública, el Centro de Evaluación Psicosocial con área de convivencia supervisada, el Centro de Medios Alternos de Solución de Controversias y el Archivo Judicial, además de área para desarrollos futuros.

En San Juan de Sabinas, en un terreno de 9 mil 877 metros cuadrados pero solo 2 mil de construcción, alberga juzgados civiles y familiares del Distrito Judicial de Sabinas, el Tribunal Laboral, Defensoría Pública, Centro de Mediación y Conciliación, un Centro de Evaluación Psicosocial, además de áreas de recepción, módulo de informes, oficialía de partes, archivo y sala de consultas, centro de fotocopiado, espacio para convivencia supervisada, baños para público en general, sala de capacitación, lactario, comedor para personal y estacionamiento con 270 cajones. Técnicamente lo mismo.

La última y nos vamos

Como sucedió en Ciudad Acuña, donde Gobierno del Estado donó al Poder Judicial un terreno de 5 mil 335 metros cuadrados para construir en 2020 el Centro de Justicia de Ciudad Acuña, cuyo costo fue reportado en 28 millones de pesos pese a que inicialmente su valor fue estimado en 8 millones 506 mil 701 pesos (publicado en este mismo espacio el 14 de febrero de 2021), el caso reseñado ahora implica otro plumazo de 20 millones de pesos. El segundo documentado.

¿En dónde radica el “error”? ¿Cómo “se pierden” las cifras?