“Temo por mi vida”, dijo en 2019 al presidente Andrés Manuel López Obrador. Finalmente, la mataron.

La periodista Lourdes Maldonado, de 68 años insistió al Mandatario federal sobre el peligro que corría por ejercer la libre expresión en Tijuana, Baja California, donde se desempeñaba y se ganaba la vida en este oficio que, para la SIP, es uno de los trabajos más riesgosos en el país, principalmente en la frontera norte de México.

Maldonado fue crítica, investigadora y temeraria en su tarea de informar. Fue un referente en el periodismo de Tijuana, donde trabajó para una televisora contra la que inició un juicio laboral, que supuestamente habría derivado en el homicidio de la mujer que días antes había dedicado uno de sus programas transmitido en redes sociales, a la memoria de su colega el fotoperiodista Margarito Martínez, victimado semanas antes en la misma ciudad de Tijuana.

Algunos reporteros que conocían a Maldonado en aquella ciudad fronteriza han declarado que el pleito laboral contra la televisora habría desatado el odio de los dueños de la empresa de comunicación Primer Sistema de Noticias (PSN), entre cuyos socios aparentemente se encuentra Jaime Bonilla Valdez, uno de los alfiles del partido Morena en Baja California.

A raíz del litigio, Lourdes Maldonado estaba inscrita desde en el protocolo de protección a periodistas del Gobierno federal y tenía presumiblemente un botón de pánico en el teléfono celular, según se ha escrito en medios locales. Pero no le sirvió de nada, el disponer de dicho dispositivo.

La semana pasada, Lourdes compartió públicamente que había ganado la demanda contra el exgobernador Bonilla. Ella tenía más de 50 años de experiencia, había colaborado entre otros medios para la Organización Editorial Mexicana (OEM), en los periódicos La Prensa, El Sol de Tijuana y Esto, de Tijuana, y en Televisa.

Pero, valdría la pena preguntarse si en México, en los estados de la República ¿en verdad funcionan los protocolos de protección para periodistas?, ¿Quiénes están al frente de estos grupos o fiscalías han sido o son periodistas?

Vale la pena reflexionar sobre el peligro de ejercer la libre expresión en México. Los medios masivos son útiles, informan, tienen una función específica en una sociedad, son contrapeso en una democracia y una voz en la exigencia social.

Puede ser evidente el riesgo de un periodista incómodo, que investiga y que tiene como interés primordial el informar y evidenciar hechos que pueden incentivar la mejora en la calidad de vida de las personas, o de una comunidad. Pero ¿cuándo un periodista es víctima de agresiones por evidenciar supuestas irregularidades, hasta dónde la sociedad civil respalda o defiende a quienes trabajan o viven de la libre expresión?