La Universidad Autónoma de Coahuila, institución en donde cursé el pregrado, le guardo un profundo agradecimiento; a través de ella, ya como docente, obtuve una beca para estudiar el posgrado en el extranjero, se aprovechaba la coyuntura académica que ofrecía la Secretaría de Educación Pública.

El programa de mejoramiento del profesorado (Promep), que beneficiaba a decenas de profesores de tiempo completo de universidades públicas de la república, fue diseñado en el sexenio del presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), quien antes de ocupar la presidencia fue secretario de Educación (1992-1993). Me siento orgulloso de conocer a varios de sus egresados, que han destacado en sus actividades productivas, particularmente en las ramas de la medicina, química y economía.

Desde su autonomía (1973) no había pasado por una crisis financiera tan severa, a tal grado que en diciembre de 2021 tuvo problemas monetarios para cubrir en tiempo y forma los sueldos del personal en nómina y de los trabajadores en retiro, aplazando el pago hasta después de Navidad.

La debacle de ingresos se puede revisar alrededor de diferentes ópticas, desde la política hasta la económica. En este artículo, solo se pergeña un comentario del problema.

Antecedentes. Todavía hasta la década de los 80 (siglo 20) el trabajador que contrataba el Alma Mater, tenía la opción de elegir por cual régimen de seguridad social afiliarse: el IMSS, o el estatal, representado por la Sección 38 de maestros.

En aquel lejano pasado, muchos se decantaban por esta última, debido a que la atención médica que podían recibir en la clínica era mejor, a pesar de que las cuotas de pago eran más elevadas que en el IMSS.

Años más tarde se contrataba un despacho de actuarios para que elaborara un estudio sobre los riesgos financieros que se podían presentar en el largo plazo en el sostenimiento de uno de los fondos de pensiones; una de sus recomendaciones fue canalizar todas las nuevas contrataciones al IMSS, “cerrando” el fondo estatal, hasta que se extinguiera con la muerte de los trabajadores.

Al rector en turno le pareció pertinente la propuesta y rápidamente se implementaba. De ahí que la relación entre el número de personas pensionadas y jubiladas con respecto a los empleados activos se incremente a través del tiempo. Además, el aumento en la esperanza de vida de los mexicanos, es otro factor que ha contribuido a la insostenibilidad de la bolsa pensionaria.

La solidaridad intergeneracional principio básico de los sistemas de pensiones no resultaba, al evitar que trabajadores recién contratados se incorporaran al régimen estatal.

La universidad ha hecho esfuerzos desesperados para impedir que los pasivos laborales erosionen su presupuesto, como el alargar los años de servicio para poder jubilarse, en los varones se pasó de 30 a 34 años y en las mujeres de 28 a 32; ambos sexos con una edad mínima de 60 años.

No obstante, han sido paliativos marginales que no resuelven estructuralmente el saneamiento financiero.

Otra práctica había sido aprovechar los recursos federales (extraordinarios) del programa U081, en cubrir el gasto de pensiones, lamentablemente desde 2017, el presupuesto de la Federación no incluía recursos para tal programa, aunque mediante negociaciones políticas con la Cámara de Diputados, se obtenían recursos adicionales al subsidio federal y estatal.

Parece ser que esta práctica de cabildeo no ha resultado en los últimos años. De manera sorpresiva, los gastos en servicios personales de la universidad con respecto a su gasto total aumentaban, en 2014 representaban 53.6%, mientras 81.5% en 2017 (Fuente: Integralia).

Rectores. La universidad desde su organización (1957) ha sido presidida por 18 rectores, incluyendo el de la administración 2021-2024; del total de ellos, solo cinco egresaron de la misma.

En otros centros educativos el aspirante al cargo de rector o director debe haber cursado la carrera en esa misma institución, lo consideran como parte del arraigo e identidad, por ejemplo la UNAM, IPN, UAAAN.

Los planes de trabajo que han presentado los rectores de la UAdeC a la comunidad académica, ninguno contempló llevar a cabo una reingeniería administrativa, que optimizaría los escasos recursos públicos, ni tampoco la creación de una reserva para las pensiones, que obviamente trascienda su periodo, y se fortalezca con los excedentes monetarios, que seguramente se tuvieron en las épocas de crecimiento económico.

Se presume que esas costosas omisiones están influyendo en la debacle del sistema de retiro.