Se repite la historia 16 años después: una empresa, Consorcio Constructivo y Proyectos, S.A. de C.V., inicia una administración estatal (Coahuila en 2006, Nuevo León en 2022) facturando proyectos millonarios de la mano con el Gobernador recién electo (Humberto Moreira Valdés en 2005, y Samuel García Sepúlveda en 2021 respectivamente).

Y aquí viene lo interesante. Óscar José Moreira Flores, fallecido en 2015, fue tío de los hermanos Moreira, ex mandatarios estatales, y propietario de la compañía Imper Casa, S.A., donde también figuran como dueñas Ana María Canales Freeman y Ana María García Canales. Ellas, a su vez, comparten con Rafael Gallegos López acciones de la sociedad mercantil que nos ocupa: Consorcio Constructivo y Proyectos, S.A. de C.V.

Pero el vínculo entre Moreira y Gallegos va más allá de compartir socias, a tal punto que “Consorcio” e “Imper Casa” ostentaban idéntico domicilio fiscal en una bodega abandonada sobre la calle Dr. Coss, en el centro de Monterrey. Por si fuera poco Moreira fue director de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y Gallegos, al mismo tiempo, director del Instituto de Ingeniería Civil de la UANL como dependiente suyo.

Nacida en Monterrey 23 días después de que Humberto Moreira Valdés asumiera la Gubernatura de Coahuila, el 23 de diciembre de 2005, Consorcio Constructivo y Proyectos, S.A. de C.V., ganó nueve ‘convocatorias’ de la administración estatal en 2006 para el desarrollo de proyectos, por un monto de 50.3 millones de pesos.

En marzo de 2007 el caso llegó cuestionado vía un punto de acuerdo con la Legislatura LVII, entonces de 31 diputados locales, y nada sucedió pese al número de representantes y su voto a favor de “aclarar” el asunto. Por el contrario, “Consorcio” logró 24.1 millones de pesos adicionales por cinco contratos ese año. Entre otros, para la elaboración de proyectos de pasos a desnivel en Torreón, Saltillo, Ramos Arizpe, Monclova, Sabinas, San Juan de Sabinas, Múzquiz, Frontera y Piedras Negras.

Y aún hay más. Entre las asignaciones posteriores destaca un “Proyecto Ejecutivo del Sistema Vial Venustiano Carranza, en el tramo del Distribuidor Vial, al bulevar Francisco Coss, en Saltillo”, estimado para iniciar el 22 de diciembre de 2008 y terminar en seis meses.

En dicha arteria, cabe señalar, nunca se realizó algún trabajo. No obstante la Secretaría de Obras Públicas y Transporte, a cargo de Luis Gerardo García Martínez, pagó 4 millones 595 mil 630 pesos por el supuesto ‘estudio’ al “Consorcio”. Por su parte la Secretaría de la Función Pública, cuyo titular era Ismael Eugenio Ramos Flores, nada vio ni advirtió.

Así, en total, facturó 79 millones de pesos dentro de los ejercicios fiscales 2006 a 2008 del Gobierno del Estado.

El tema viene a cuento pues el miércoles pasado Consorcio Constructivo y Proyectos, S.A. de C.V. ganó una licitación de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, en Nuevo León, adjudicándose 28 millones 655 mil 320 pesos por la elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción de la Carretera Interserrana, una de las obras emblema prometidas en campaña.

Sin embargo el periódico El Norte señaló en su edición del 28 de enero un conflicto de interés ya que, previo al proceso de contratación, Rafael Gallegos López, el dueño, había participado como “asesor” durante una reunión de planeación celebrada el 19 de noviembre, donde se discutió el trazo del mencionado proyecto. La prueba involuntaria de lo anterior fue una ‘historia’ de Instagram publicada por el propio Gobernador ese día.

Semejante tráfico de influencias al aprovechado en su momento en Coahuila.

Cortita y al pie

Ahora bien, además de ser socio junto a su padre desde 2016 en la razón social Saga Tierras y Bienes Inmuebles, S.A. de C.V., y junto a su esposa en la persona moral denominada Mariana Rodríguez Cantú, S.A. de C.V. a partir de 2020, ¿para qué querría Samuel cuatro sociedades mercantiles creadas ipso facto, 15 días antes de tomar protesta como Gobernador de Nuevo León?

Se trata de García Sepúlveda Inver, S.A. de C.V., Saga Comercio, Construcción y Transporte, S.A. de C.V., Samal-Mar, S.A. de C.V., y Saga Bienes Internacional, S.A. de C.V., constituidas el 18 de septiembre de 2021 la primera, y el día 20 del referido mes las tres restantes. Todas en la Notaría 24 de San Pedro Garza García, con Rodrigo Ramón Baca Bonifaz como fedatario.

Cabe señalar que la madre del notario y titular del fiat hasta 2019, Álida Enriqueta del Carmen Bonifaz Sánchez, acumula varias demandas por presunta negligencia legal relacionada con fraudes inmobiliarios en Nuevo León. Y esto es importante si consideramos que las cuatro empresas erigidas al vapor por Samuel tienen 72 objetos sociales similares que abarcan un abanico importante de intereses, entre los que sobresale adquirir, construir y desarrollar inmuebles de todo tipo para todo uso. Bienes raíces y construcción, fundamentalmente.

¿Se vale gobernar y hacer negocios privados a la vez?

La última y nos vamos

Esa película ya la vimos en Coahuila. Así empezó todo. Nuevo León tiene ante sí un libro de malas prácticas administrativas para consultar, y un espejo para reflejarse, antes de caer en la misma espiral de corrupción que su vecino.