Ciudad de México.- De forma inusual, un juez federal cuestionó a la FGR por no haber solicitado las órdenes de aprehensión contra dos cercanos excolaboradores de Miguel Osorio Chong, en la Secretaría de Gobernación, pese a que presuntamente firmaron los contratos con los que se desviaron 2 mil 950 millones de pesos del sistema penitenciario.

Se trata de José Alberto Rodríguez Calderón, extitular del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social (OADPRS), y Miguel Vital Hernández, exdirector general adjunto de la Dirección General de Administración del mismo organismo, ambos hidalguenses.

El juez de control Iván Zeferín Hernández, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, expresó su extrañamiento en el fallo mediante el que ordenó las capturas de Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont, así como de cinco exmandos del OADPRS y cinco “factureros“.

“ Como se indicó, llama la atención de este juzgador el por qué no se ejerció acción penal contra José Alberto Rodríguez Calderón y Miguel Vital Hernández, personas que también habrían suscrito los contratos aludidos, pero al ser los tribunales federales receptores de la acción penal ministerial, encuentran límites para ello, debido a la estricta separación juez-acusador”, dijo Zeferín.

“ En ese entendido, la participación de tales personas era imprescindible, ya que de no existir esos contratos simplemente no se obtienen los recursos y, por otro lado, era necesario que personal del propio OADPRS de la Secretaría de Gobernación favoreciera las operaciones; de ahí que no es un peculado en sí, sino el camino de organización en el delito de delincuencia organizada y de acciones desplegadas para el de operaciones con recursos de procedencia Ilícita”.

A pesar de este comentario del juzgador, a la fecha la Fiscalía General de la República no ha pedido las órdenes de aprehensión contra Rodríguez Calderón y Vital Hernández.

Este último fue imputado recientemente en otro asunto que judicializó la FGR, por el supuesto sobrecosto de más de 62 mil millones de pesos en los contratos de prestación de servicios privados en prisiones de alta seguridad.

En el caso que está a cargo del juez Zeferín, la FGR imputa una triangulación de 2 mil 950 millones de pesos a “factureras” presuntamente vinculadas a Álvarez Puga, con dinero de dos grandes contratos otorgados por el OADPRS.

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El primero es por la compra del Sistema del Centro de Comando, Control, Cómputo, Coordinación, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS destinado a los penales federales del Altiplano, Occidente, Noreste, Noroeste, Oriente, Sureste, Nor-Noroeste, Nor-Poniente, Norte y el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Morelos.

El segundo es el de la interconexión de los Centros Federales de Readaptación Social de Sonora, el Femenil de Morelos y el de Michoacán.

Además de Álvarez Puga e Inés Gómez Mont, en este asunto se ordenó la captura de Eduardo Guerrero Durán, ex comisionado del OADPRS; Paulo Uribe Arriaga, ex director general de Administración, y Emmanuel Castillo, ex coordinador General de Centros Federales.

También Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, ex director general de Desarrollo Tecnológico; y Jorge Arnaldo Nava López, ex director general del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS.

Los presuntos “factureros” prófugos de la justicia son Armando Romero López, José Reyes Orta Sierra, Ricardo Cortés Contreras, Yareli Eunice Delgado García y Héctor Oswaldo Zorrilla Habana.