Carlos Humberto Rivadeneira Heredia, de 50 años, y Yefre Gilberto López Contreras, de 45, fueron sentenciados recientemente a 121 meses y nueve años de prisión, respectivamente, informó el jueves el Departamento de Justicia estadounidense, sin precisar las fechas de las condenas ni las nacionalidades de los condenados.

Rivadeneira Heredia era, según documentos judiciales, quien conectaba a personas que querían enviar cocaína desde Ecuador y Colombia con transportistas que podían trasladar la droga desde las costas de esos países hasta Centroamérica y México, con destino final a Estados Unidos.

López Contreras, en tanto, era quien operaba desde Panamá barcos con capacidad para llevar miles de kilos de cocaína en compartimentos secretos.

Una vez que Rivadeneira Heredia había coordinado el negocio, los dueños de la cocaína producida en Colombia y Ecuador le pagaban a López Contreras un precio por kilo para transportar la droga por mar a los compradores en México.

López Contreras enviaba entonces sus barcos desde Panamá hasta aguas internacionales, principalmente frente a las costas de Ecuador, donde los propietarios de la cocaína la tenían ya almacenada.

Lanchas rápidas llevaban luego la droga hasta los barcos con grúas capaces de levantar los alijos. A bordo, la cocaína era colocada por la tripulación en los escondites especialmente preparados por un soldador.

El Departamento de Justicia dijo que López Contreras admitió haber utilizado cuatro barcos diferentes para transportar cocaína al menos seis veces.

En cada uno de los seis viajes había al menos 3 toneladas y hasta 8,5 toneladas de cocaína, que en Estados Unidos tiene un valor de venta de cientos de millones de dólares.

Según la fiscalía estadounidense, Rivadeneira fue atrapado por participar en una reunión encubierta grabada por los investigadores en la que se discutía el envío de 3 toneladas de cocaína desde Ecuador a México.

De Panamá a Perú, con destino a México

Registros judiciales dan cuenta del caso de un barco portacontenedores de bandera de Tanzania interceptado por la Guardia Costera estadounidense en abril de 2018 a 40 millas naúticas al sureste de Costa Rica, con destino a Ensenada, México.

Los investigadores determinaron luego que había partido a principios de 2018 desde Panamá hacia Chimbote, Perú. Desde allí fue a Ecuador, primero atracó en Manta y luego navegó en dirección a Esmeraldas, cerca de la frontera con Colombia, una zona caliente de la producción y distribución de cocaína.

Ante movimientos sospechosos, la Guardia Costera estadounidense pidió permiso para abordarlo y revisarlo. Tras varios días de búsqueda infructuosa, el barco fue derivado a Puerto Quetzal, Guatemala, donde miembros de la tripulación reconocieron que había un cargamento de droga. Entonces se hallaron 3,4 toneladas de cocaína.

De los 13 tripulantes, dos eran colombianos, dos eran ecuatorianos y el resto eran peruanos. López Contreras no era uno de los tripulantes, pero coordinaba la operación, según pruebas aportadas por los investigadores.

Los documentos judiciales muestran que López Contreras sí había estado entre los tripulantes de un barco interceptado en 2007 con varias toneladas de cocaína, luego de lo cual se volvió informante de la agencia antidrogas de Estados Unidos DEA, durante un periodo en 2007 y luego en 2010.

Pero a principios de 2016, los investigadores fueron alertados por una fuente encubierta “muy fiable” sobre una organización que traficaba drogas desde Sudamérica, en la cual participaba López Contreras.

Aunque López Contreras buscó de toda forma no ser vinculado con actividades de narcotráfico, los investigadores lograron acceder a sus cuentas de correo electrónico, donde se detallaban arreglos para supuestos envíos y se lo llamaba “jefe”.

El Departamento de Justicia dijo que la condena del “narco-broker” y el transportista surgió de una pesquisa de varios años que involucró a la red de la Oficina de
Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), así como a oficinas de la DEA en Colombia y Ecuador y a la Guardia Costera estadounidense.

Esto permitió incautar más de 13 toneladas de cocaína y llevar a juicio en Estados Unidos y en el extranjero a decenas de tripulantes, así como al soldador que construyó los compartimentos ocultos, a quienes ayudaron a preparar los barcos para los envíos de drogas y a quien lavó el dinero de las ganancias.

La fiscalía en Nueva Orleans dijo que logró condenar a 15 involucrados y confiscar apartamentos de lujo dentro y fuera de Estados Unidos, vehículos de alta gama y dinero en efectivo.