Todavía hasta el Gobierno de Rogelio Montemayor, la sociedad lagunera destacaba entre las más críticas y participativas del estado y del país, pero a partir del moreirato se volvió complaciente. El cambio de actitud coincidió con el declive económico de la comarca, el agotamiento de modelos económicos y sociales y el relevo generacional en los medios de comunicación. Las movilizaciones de campesinos, colonos y eventualmente de empresarios agrícolas y pecuarios, ponían en jaque a autoridades federales, estatales y municipales. Líderes ejidales como Arturo Orona tenían comunicación con el Presidente de turno.

En 1975, el empresario Julio Rodríguez convocó una marcha contra la inseguridad, la corrupción y la impunidad, a la cual se sumaron decenas de organizaciones, universidades, colegios de profesionistas y parroquias. El Gobierno trató inútilmente de disuadir a los organizadores. Uno de sus aliados, el obispo Luis Morales Reyes, llegó al extremo de publicar desplegados para desalentar la participación ciudadana. El efecto fue el contrario: simpatizantes del movimiento replicaron también con avisos en la prensa para censurar la actitud del prelado. La protesta desbordó las calles con participantes de todos los estratos. Poco después cayó el alcalde (Mariano López Mercado), por otras razones, y al año siguiente el PRI perdió la alcaldía de Torreón.

A contracorriente del oficialismo que exhorta a desairar la revocatoria de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, del 10 de abril próximo, el actual obispo lagunero, Luis Martín Barraza Beltrán, recomienda transformar la queja en votos, por tratarse no de un capricho, sino de un precepto constitucional. Es una ley, advierte, «y así como le decimos (al ciudadano) “vaya y pague el predial”, (ahora le pedimos) «vaya a votar, vaya a participar. Todas las especulaciones de que, si va a significar esto, ahorita está legislado, agradezca que le dan la oportunidad» (El Siglo de Torreón, 28.03.22).

Para el sucesor de José Guadalupe Galván, debe haber congruencia: «Siempre nos estamos quejando de que no tenemos voz y voto; pues ahorita les están dando voz y voto. Háganlo valer, todas sus indignaciones, lo que quieran, a participar; hay que aprovechar. Aunque haya lecturas políticas, ideológicas, esa ley (la de revocación) está». Barraza ha adoptado una actitud crítica frente al poder. Sabe de los excesos del moreirato, de la violencia vivida en la Diócesis durante el docenio trágico y de la impunidad rampante.

La Iglesia no debe abstraerse de la realidad. Las elecciones revocatorias ocupan la atención del país por su relevancia presente y futura. Recomendar la abstención para no engordarle el caldo al Presidente es un reconocimiento anticipado de derrota frente al triunfo del «Sí» para que López Obrador termine su mandato. Lejos de atentar contra la democracia, el referéndum la profundiza, pues empodera al ciudadano. Es un procedimiento legal que permite a los votantes invalidar el mandato de una autoridad (Presidente de la República, Gobernador, Alcalde), electa para un periodo determinado, cuando se le pierde la confianza o falta a sus deberes. El temor a someterse a una revocatoria explica la oposición de algunos agentes políticos.

La mejor propaganda para motivar la participación en ejercicios como este —o de cualquier índole— es cuando se les combate y desacredita desde el poder (político, económico, mediático o religioso), tal como pasó con la marcha de 1975. En el contexto de la consulta y de otros sucesos, la presencia de fray Raúl Vera López, obispo emérito de Saltillo, en La Laguna, es positiva pues ayudará a reanimar una zona castigada por gobiernos venales e incompetentes, y donde, para más inri, la represión y las violaciones a los derechos humanos vuelven a ensañarse contra los más débiles.