El almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, reconoció en días recientes, durante una de las conferencias “mañaneras”, que “se ha detectado venta de equipos militares, cascos, chalecos, inclusive armas a través de diferentes plataformas electrónicas”, pero también dentro de la dependencia que encabeza. Lo dijo así: “…y dentro de nuestra institución hemos detectado elementos que sacan de nuestros pañoles, sobre todo uniformes, y los venden a la delincuencia organizada”.

Al preguntársele por la sanción que esos elementos reciben por haber cometido ese delito, sin rubor alguno respondió: “Los hemos dado de baja, porque, pues, meterlos a la cárcel es muy difícil, por cuestiones jurídicas, no, pero de que se van de la institución, se van. Si quieren delinquir, que lo hagan afuera, pero no adentro…”  

Siempre se dudó de la pertinencia de asignar a las Fuerzas Armadas tareas propias de la Policía, entre otras razones, porque la formación militar no capacita para la investigación y persecución de delitos y delincuentes del orden común, y también por los riesgos de que tanto juego en las calles abra las puertas a la tentación de adueñarse de un poder que no les corresponde.

Ese riesgo persiste, pero la certidumbre de que no hay capacidad para combatir la inseguridad crece en presencia de los menos que parcos resultados obtenidos en esa materia, hecho no sólo evidente, sino expresamente reconocido por el almirante Ojeda, como se ha visto.

Todo eso es muy grave si se piensa en que poco podrán hacer para cuidar a los demás cuando son incapaces de protegerse a sí mismos; pero los motivos de preocupación crecen al oír esa confesión de lenidad frente al delito sufrido, de tal envergadura que no sólo inhibe el cumplimiento de los deberes de custodia y protección de los bienes a su cuidado, sino que además se debe a un motivo fútil y por demás peregrino, como es la desidia mostrada al atribuir esa inacción a las “dificultades jurídicas”.

Incapacidad, lenidad, cinismo y no se cuantos epítetos serían necesarios para definir los contornos de tan aberrante conducta. No sólo se reconoce deficiencia en el cumplimiento de un deber de custodia, sino que además se les dice a quienes, siendo miembros de la corporación, le roban pertrechos militares, que ¡si quieren robar lo hagan desde afuera, no desde su posición oficial ¡Qué
vergüenza!

Lo peor del caso es que, cuando el presidente, su jefe, aboga por los derechos humanos de los delincuentes y, en vías de hecho, los protege, las palabras del almirante son mucho más que un reconocimiento de negligencia culpable; podrían ser una confesión de coparticipación que bien merece ser investigada.

Ya son muchas y muy insistentes las voces que avisan que hay vínculos inconfesables con algún cártel, y los discursos presidenciales no ayuda a disiparlos, y las palabras del almirante Ojeda, uno de sus dos brazos, según el propio Presidente ha dicho (¿ominosamente?), tienden a reforzar las sospechas de que tal cosa es cierta, con todas las funestas consecuencias que de ello
derivan.

Si eso dijo la cabeza ¿qué podrá esperarse de sus subordinados? Muchas cosas van cayendo por su propio peso, ya los signos, parafraseando al rey poeta Nezahualcotl, van haciéndose transparentes, para desgracia de este país.