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Gobierno de Tamaulipas, en desacato

Por Darío Celis

Hace 4 años

Hace más de 20 años se publicaron decretos de expropiación por el Gobierno de Tamaulipas para la construcción del puente internacional conocido como Los Tomates.

Y hace cuatro años que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside Arturo Zaldívar, amparó a los dueños de esos terrenos ordenando se pagara a valor comercial dichos inmuebles.

Es el caso que el actual gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el secretario, ahora, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes han hecho caso omiso de pagar a valor comercial.

Lo anterior, no obstante los requerimientos hechos por el juez de distrito de amparos de la ciudad de Matamoros, y por ello se decretó el incumplimiento y contumacia de dichas autoridades para pagar lo que fueron condenados.

Este incumplimiento se turnó al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien no se ha pronunciado al respecto, con todo y haberse ya decretado el incumplimiento por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito con residencia en Reynosa, Tamaulipas.

Pero ahora resulta que Francisco Javier Cavazos Argüelles, titular de dicho juzgado, suspendió la ejecución, por tercera vez, porque la autoridad controvierte el valor decretado a pagar por el Instituto Nacional de Avalúos de Bienes Nacionales, ante la justicia administrativa.

Se esquiva pues, con la complicidad de dicho juez, el cumplimiento de sentencias decretadas por la SCJN, cuando dicha ejecución no puede ser suspendida por nadie.

Además porque, conforme a la Ley de Expropiación, el único que puede impugnar dicho avalúo son los propietarios afectados y no el Gobierno o las autoridades.

El titular de ese juzgado, que se ha burlado de lo resuelto por la Corte y las demás autoridades, está incurriendo en graves irresponsabilidades al no cumplir con la sentencia emitida.

¿Hasta cuándo se les obligará a las autoridades estatales a pagar lo que deben, aclarando que el Gobierno federal ha tenido en posesión y cobrado peaje a todos los medios de transporte por más de 20 años?

¿Hasta cuándo el Consejo de la Judicatura Federal, que también preside Zaldívar, le permitirá al susodicho juez Cavazos la burla de la sentencia de la Suprema Corte y que no la cumpla?

En México ya está resultando que el amparo es una figura decorativa y que la administración de la justicia, al resultar lenta, es una injusticia, porque justicia tardía no es justicia.

 

A PESAR DE que la figura de la acción colectiva se incluyó en la Constitución en 2010 para favorecer los derechos colectivos de los consumidores, lo cierto es que hoy esta figura se ha desvirtuado y sirve como un arma de extorsión muy redituable para ciertos grupos. Abogados y activistas, apoyados en asociaciones civiles creadas para este objetivo, han convertido este mecanismo en un gran negocio. Empresas como Liverpool, de Graciano Guichard; Grupo Coppel, de Enrique Coppel; Walmart, que preside Guilherme Loureiro; Elektra, de Ricardo Salinas; HP, que encabeza Enrique Lores; Toyota, que comanda Tom Sullivan; Coca-Cola, al mando de Roberto Mercadé; Pepsico, que lleva Roberto Martínez, y Chrysler, que capitanea Bruno Cattori, son solo algunas de las firmas que han sufrido chantajes. Ejemplos de estas agrupaciones que viven de la extorsión sobran. Ahí está el caso de Tec-Check, una organización digital que comandan Fiorentina García Miramón y Maximiliam Murck y que, de manera recurrente, organiza demandas colectivas cuantiosas, destacando algunas en contra de Liverpool y Sanborns, la de Carlos Slim. También el caso de Eduardo Bucay y su asociación civil Asesoría Belforo, que utilizan esta práctica en favor de sus familiares, quienes a su vez son dueños de la marca de motocicletas Vento, para demandar a tiendas que venden otras, como las mismas Liverpool y Walmart. Ojalá que el Poder Judicial de la Federación los tenga bien detectados y no permitan que sigan lucrando y engañando a los consumidores.

 

A MÁS DE una semana de la caída de CompraNet, y con casi 2 mil contratos entregados con procedimientos presenciales, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que emitir ayer un pronunciamiento sobre el tema. En específico, reveló que pidió cuentas al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. De inmediato la dependencia salió a dar un explicación que, a decir de los expertos, es poco convincente, pues no se alcanza a entender cómo un problema de capacidad informática en servidores pudo generar el colapso de la plataforma, sobre todo cuando este tipo de sistemas emiten alertas a los usuarios cuando el volumen de almacenamiento apenas comienza a acercarse a un estado crítico. Una explicación con mayor lógica, se asegura, es que los sistemas de Bravo Solution quedaron obsoletos y sin respaldos de fábrica a finales de 2017, cuando esta firma se vendió a la española Jaggaer, de Jim Bureau, algo que pasó por alto tanto la saliente administración de Enrique Peña Nieto como la autollamada 4T. Aun así, prevalecen las versiones al interior del Gobierno que confirman que la tecnología ha sido vulnerada en diversas ocasiones para favorecer a uno u otro proveedor, por lo que el retorno del sistema como lo conocimos los últimos 26 años sigue en riesgo.

 

COMIENZAN A REGRESAR como pueden 500 jóvenes de prepa que contrataron la agencia de viajes Voiash en su fallido viaje de graduación a Europa, y que hicieron lo propio para su fiesta con la filial Class Events, empresas que resguardan bien su estructura de propiedad y que arrastraban una sequía mayúscula durante la pandemia, por lo que quisieron hacer su agosto y recuperar lo perdido en dos años. El despido de personal de Voiash en la pandemia la tiene frente a decenas de demandas laborales y con empleados inexpertos, a las que se sumarán las de los clientes. Christian Kremers, Christian Machaen y Raúl Villarreal, dueños de Voiash y Class Events, desaparecieron en las últimas semanas, pidieron créditos y siempre a través de sus empleados se disculparon con sus clientes, ofreciendo reembolsos de gastos de transporte y habitaciones pagadas. Difícilmente los veremos operar el próximo verano.

 

LA UNIDAD DE Inteligencia Financiera (UIF), que comanda Pablo Gómez, perdió la oportunidad de cobrar 2 mil millones de pesos al abogado Juan Collado y se quedó como el perro de las dos tortas, a pesar de que los abogados de aquel, Mauricio Flores y Carlos Brambila, pusieron sobre la mesa distintas alternativas de pago para que sonara la caja registradora a favor del Gobierno federal. Y es que el diputado con licencia se empecinó en que el resarcimiento fuera en una sola exhibición, sin aceptar ningún tipo de garantía. Ahora se dice que después del jalón de orejas que le dieron, está rascando hasta por debajo de las piedras para encontrarle más delitos a Collado y su familia. De ahí la metralla que desde hace varios días le están dejando caer por sus operaciones financieras encubiertas con los millonarios recursos que tiene en Andorra.

 

EL DIRECTOR DE Sanulac Nutrición México, Mario Sánchez, encabezó un esfuerzo para que más de 15 especialistas en la materia de salud pediátrica provenientes de América y Europa se reunieran en la Tercera Cumbre Latinoamericana de Pediatría. Durante tres días consecutivos, más de 14 mil 500 médicos latinoamericanos tuvieron acceso a temas como el impacto económico de las pandemias en la salud pública, vacunas, reticencia vacunal, el sarampión, el tétanos, la tosferina, factores de riesgo asociados al crecimiento acelerado, la importancia de la dieta y qué papel juega el azúcar, entre otros. Así es como Sánchez busca poner su granito de arena y contribuir para que las niñas y niños puedan acceder a una mejor atención médica.

 

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