Uno de los grandes éxitos del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha sido la prudencia fiscal y monetaria. Es una virtud conservadora, cierto, pero que ha favorecido sin duda a los mexicanos.

En un momento en que países de todo el mundo han arrojado por la borda la sensatez en el gasto público y en la creación de dinero –con lo cual provocaron una explosión inflacionaria– la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, han mantenido equilibrios razonables en sus políticas fiscal y monetaria.

Esto no nos ha salvado de la epidemia inflacionaria internacional, pero cuando menos ha hecho que nuestros precios no se disparen más que en muchas naciones ricas.

Por eso se ha mantenido la estabilidad de nuestro peso en los mercados cambiarios. Si no hubiéramos visto esta prudencia, nuestra divisa se habría desplomado como el peso argentino o la lira turca.

Sin embargo, una cosa es ser prudentes y otra gastar bien. El Gobierno ha perdido el rumbo, quizá no en el monto de sus gastos, pero sí en su destino.

El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, señaló en la “mañanera” presidencial del 2 de agosto, que en este 2022 se están utilizando 73 mil millones de pesos para subsidiar la electricidad doméstica y 430 mil millones en “el mecanismo de apoyo al precio de la gasolina, que consiste en utilizar la recaudación del impuesto especial por esa cantidad, más el subsidio adicional cuando ese impuesto especial se agota. Además, hay un congelamiento de cuotas de carretera por 2 mil 750 millones de pesos”.

Si se incluyen los apoyos de “seguridad alimentaria”, los subsidios para “enfrentar la inflación”, suman 574 mil millones de pesos. Es una cantidad estratosférica.

Mientras el Gobierno eroga en estos enormes subsidios, registra un subejercicio en rubros que deberían ser prioritarios, por lo menos para un Gobierno progresista.

En el primer semestre de este año, el gasto público tuvo un subejercicio de 19 mil 438 millones de pesos, con afectaciones importantes en educación, seguridad y salud (Reforma).

Según el reporte mensual de finanzas y deuda pública que la Secretaría de Hacienda somete al Congreso, el gasto en educación pública pasó de 180 mil 105.2 millones de pesos en el primer semestre de 2021, a 158 mil 973.5 millones en el mismo período de 2022. Esto representa una contracción de 17.9% en términos reales (descontada la inflación). La baja real en salud es de 6.4 por ciento.

Mientras se reduce el gasto en estos rubros, el que se ejerce en el sector turismo tuvo un aumento real de 260.1%, al pasar de 13 mil 485.4 millones de pesos en enero-junio de 2021, a 52 mil 212.4 millones en el mismo lapso de 2022. La cifra refleja el gasto que se está realizando por el Tren Maya.

Hay que aplaudir que el Gobierno nacional y el Banco de México hayan mantenido estrategias prudentes, lo cual ha evitado que caigamos en devaluaciones y en una crisis económica.

Pero el Gobierno se está equivocando en sus estrategias de gasto. Erogar 574 mil millones de pesos en subsidios para lograr que la inflación sea 2.6 puntos porcentuales menor a lo que supuestamente pudo ser es inaceptable, porque, además, los subsidios reprimen la inflación, pero no la combaten de raíz.

Reducir el gasto en educación y en salud, en un país pobre como el nuestro y en el que las políticas gubernamentales han provocado una fuerte escasez de medicamentos y un deterioro en la calidad de la educación pública, no significa que estemos alcanzado una pobreza franciscana: estamos cortando las alas de la esperanza para un desarrollo más justo para todos los mexicanos.

Nahle

No deben hacerse leyes para beneficiar o perjudicar a una persona, pero la enmienda a la Constitución de Veracruz, que permite a los nacidos en otros estados con residencia de cinco años ser gobernadores es razonable, aunque esté hecha para favorecer a Rocío Nahle.