Ciudad de México.- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, reconoció que el ataque de la delincuencia al autotransporte de carga “es un problema de seguridad nacional y lo vamos a atender”.

Tal compromiso lo asumió durante una reunión que sostuvo con los líderes de cámaras y asociaciones del autotransporte de carga durante la que la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), exhortó al secretario de Gobernación a establecer, de manera inmediata, acciones efectivas para atacar el robo al autotransporte de carga, como parte de la reactivación del Programa Nacional de Seguridad para el Transporte, basado en la implementación de operativos de vigilancia y protocolos de seguridad en los corredores de mayor riesgo.

Entre los representantes de la industria estuvieron Ramón Medrano Ibarra, presidente nacional de CANACAR y José Refugio Muñoz López, vicepresidente ejecutivo de la Canacar; José Lucio Rodríguez González, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT) y Elim Luviano, director general de esta misma organización; Leonardo Gómez, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) y Elías Dip, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM), así como Javier Borrego, diputado por Morena.

Según datos de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el primer semestre del año se registraron seis mil 389 robos al autotransporte de carga a nivel nacional. En comparación con el mismo periodo de 2021 el robo a camiones se elevó 3.11 por ciento.

El Estado de México encabezó la lista de entidades con mayor incidencia de estos delitos con dos 451; Puebla con 872; Guanajuato con 646; Jalisco con 425 yMichoacán con 417 robos representan las entidades de mayor riesgo para el sector.

En conjunto con Querétaro (646); Veracruz (270); San Luis Potosí (223); Hidalgo (207) y Tlaxcala (195), éstos 10 estados concentran el 94.03% de los eventos a nivel nacional.

Según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (INEGI), durante 2020, cerca del 8% de las unidades económicas registradas en México, cancelaron rutas de distribución o venta de sus productos como afectación a consecuencia de un delito.