Ciudad de México.- Un Tribunal Federal detectó irregularidades en el asunto que se sigue contra el fundador y presidente de GIN Group, Raúl Beyruti Sánchez, El Rey del Outsourcing, porque se están generando oportunidades que legalmente no tiene el prófugo de la justicia, quien es buscado por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 4 millones 335 mil 705 pesos.

Se sabe que Raúl Beyruti contactó al juez de control que ordenó su captura, así como al agente del Ministerio Público Federal que integró la carpeta con la intención de que se cancelara la orden de aprehensión.

En sesión celebrada en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, el magistrado ponente Juan José Olvera López indicó que en este caso hay “errores procesales”, porque el prófugo se comunicó con el juez que ordenó su aprehensión, al que le manifestó que quería presentarse, pero que no podía hacerlo por razones de salud.

Olvera López comentó que a partir de dicha comunicación “empiezan mal las cosas”, porque se trata de una orden de captura, motivo por el cual Raúl Beyruti no está en posición de si quiere o no de condicionar su entrega, porque no se trata de una atención. Posteriormente, buscó contactarse con el fiscal del caso, previo a la audiencia inicial de imputación.

El magistrado ejemplificó el asunto de la siguiente manera: “Se comunica con el fiscal y dice: ‘Oye, pide tú la cancelación de la orden porque aquí tengo información y datos de prueba que me llevan a concluir que no hay o delito o participación en mi contra por la que me quieres imputar en audiencia inicial’.

“ Y el fiscal recibió la información. Y también me parece que malamente le contesta: ‘Es que las pruebas que me traen no son suficientes para que yo pueda relacionarlas como pretendes’. Segundo error procesal”, expresó el magistrado. 

Olvera López señaló que lo anterior está generando oportunidades que el quejoso no tiene porque cuenta con una orden de aprehensión. Como El Rey del Outsourcing no logró evitar la orden de captura se amparó con la intención de que se cancele el mandamiento judicial.

Mientras que un juez de amparo ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) que entregara las constancias de la carpeta de investigación.

Olvera López dijo que entregar las constancias pondría en riesgo la investigación del Ministerio Público Federal porque hay terceras personas involucradas en este asunto, por lo que propuso declarar fundado el recurso de queja que interpuso la FGR.

La propuesta fue apoyada por los magistrados Francisco Javier Sarabia Ascencio y Horacio Armando Hernández Orozco Se presume que Beyruti Sánchez probablemente recibió los 4 millones 335 mil 705 pesos de cuatro empresas factureras por concepto honorarios asimilados.

Los depósitos presuntamente se realizaron entre 2014 y 2017, de compañías que fueron constituidas en San Luis Potosí, Quintana Roo y la Ciudad de México, entre 2008 y 2015.

Fuente: MILENIO