POR: SASKIA NIÑO DE RIVERA

Aurelia es un ejemplo más de la revictimización y las recurrentes violaciones de derechos humanos. Con 23 años, se encuentra sentenciada a 13 años y cuatro meses por el delito de homicidio en razón de parentesco, pero como sabemos, siempre hay más allá de la historia…

Es originaria de Xochicalco, Guerrero, es indígena, habla náhuatl, estudiante de secundaria y cuya vida dio un giro tras haber sido violada a los 19 años.

Según su partida jurídica y como se narran los hechos, en octubre de 2019 fue encontrada por sus familiares en su cama llena de sangre, en donde tuvo un parto fortuito de un bebé, quien se encontraba sin vida a su lado.

Fueron trasladados al Hospital General de la ciudad porque Aurelia había perdido mucha sangre. Según el reporte, los médicos hacen del conocimiento a los familiares que: “el producto había nacido con vida, pero falleció por lesiones producidas por un instrumento punzocortante…”.

Su defensa explica que Aurelia fue orillada por las autoridades a admitir su culpabilidad. Aurelia, aunque contaba con un traductor, fue orillada a firmar un procedimiento abreviado (para terminar el proceso de manera anticipada). ¿Fue la violación considerada al momento de juzgar a Aurelia? ¿Tuvo conocimiento/acceso a una clínica de aborto?

En nuestro país, 25% de las niñas y 17% de los niños son violados antes de cumplir la mayoría de edad. Vivimos en un México en donde seguimos discutiendo temas como la legalidad del aborto y faltan políticas preventivas y en materia de educación sexual para todos esos niños y niñas expuestos a la violencia.

Hoy tenemos un bebé asesinado que sin duda nada justifica este acto tan terrible, pero invito a atrevernos a cuestionar si quizá pudimos haber prevenido que Aurelia matara a este recién nacido.

El caso de Aurelia es uno los miles en un país donde se sigue criminalizando a las y los sobrevivientes de delitos sexuales. El caso de Aurelia nos obliga a reflexionar sobre las políticas públicas de género que tanto urgen.

Aurelia debe marcar un antes y un después en el acceso a la justicia y el acercamiento que tienen las autoridades con las víctimas.