Hoy hace 40 años, el 1 de septiembre de 1982, José López Portillo dirigió su Sexto Informe de Gobierno al Congreso y a la nación: “No vengo aquí a vender paraísos perdidos ni a buscar indulgencias históricas”, dijo con esa habilidad retórica que siempre lo caracterizó.

Ofreció un recuento de los logros de su Gobierno, pero añadió: “Con lo que no pudimos fue con la pérdida de confianza en nuestro peso, alentada por quienes, adentro y afuera, pudieron manejar las expectativas y causar lo que anunciaban, con el solo anuncio. Así de delgada es la solidaridad. Así de subjetiva es la causa fundamental de la crisis. Contra esto ya no pudo el vigor de nuestra economía”.

No reconoció que la devaluación y la crisis eran producto de sus propios errores. Acusó a “una banca concesionada, expresamente mexicanizada, sin solidaridad nacional y altamente especulativa”, de todos los males de la economía. Declaró: “He expedido en consecuencia dos decretos: uno que nacionaliza los bancos privados del país, y otro que establece el control generalizado de cambios. Es ahora o nunca. Ya nos saquearon. México no se ha acabado. No nos volverán a saquear”.

Fue uno de los episodios más costosos de nuestra historia política. El control de cambios provocó una enorme fuga de capitales y frenó el ingreso de divisas frescas. La estatización de la banca (no nacionalización porque la banca, como él mismo reconoció, ya era mexicana) se convirtió en una barrera para el avance del país.

El Presidente organizó manifestaciones para rendirse a sí mismo pleitesía y apoyo en imitación a las que en 1938 respaldaron la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas. Cuando empezaron a promoverse demandas de amparo, cambió la Constitución post facto para establecer que el servicio de banca y crédito solo podía ser ofrecido por el Estado. Ante esta nueva redacción del Artículo 28, la Suprema Corte, que de todas maneras obedecía las instrucciones del Presidente, no podía declarar la estatización como inconstitucional.

Las consecuencias fueron desastrosas. Desaparecieron los créditos a las pequeñas empresas y a las familias. Los recursos de la banca se usaron para financiar al Gobierno y a las corporaciones con dueños cercarnos a la cúpula del poder. La falta de crédito y la desconfianza fueron en buena medida responsables de la “década perdida” de los 80.

Los bancos fueron privatizados en 1990-1991, pero el proceso también resultó fallido, en parte porque no se permitió que los antiguos dueños participaran en las licitaciones por sus instituciones, que ya conocían. Tampoco se permitió la compra por extranjeros con conocimiento de la banca. Se privilegió el ingreso fiscal ante la viabilidad de las instituciones. Los bancos se vendieron en un tiempo muy corto a precios astronómicos, de tres a cinco veces valor en libros, y con pasivos enormes, porque los dueños se endeudaron sin medida para participar en esta gran venta de garaje. Llegaron así frágiles a la crisis de 1994.

A 40 años del Gobierno de López Portillo, se recuerda como uno de los peores en la historia. El narcisismo del Presidente le impidió escuchar las voces de alerta. Con paso firme, y confiado en su popularidad, condujo al país al precipicio. Con lágrimas en los ojos ofreció en ese último informe una disculpa a los pobres que hundió más: “A los desposeídos y marginados. les digo que hice todo lo que pude para corregir el rezago. Más no pude hacer”. Quizá. Pero lo que hizo fue provocar un brutal desplome económico.

Nepotismo

“Un joven que está terminando su doctorado, creo que en Harvard”, será el director del nuevo monopolio gubernamental, LitioMx, dijo ayer AMLO: Pablo Taddei. ¿Experiencia relevante? Ninguna, pero es hijo del superdelegado del Gobierno federal en Sonora, Jorge Taddei. Nepotismo abierto y descarado.