Ciudad de México.- La Barra Mexicana de Abogados (BMA) y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE) reprobaron las acusaciones de corrupción del Presidente Andrés Manuel López Obrador al Poder Judicial de la Federación y le exigieron que se abstenga de comprometer la independencia judicial.

También calificaron como inaceptable que el jefe del Ejecutivo Federal use sus conferencias matutinas para tratar de exhibir a juzgadores por sus resoluciones “indeseables” y presionar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que emitan sus fallos con base en una ideología. El presidente, señalaron, debe atenerse a la Constitución y la ley.

Tanto la BMA como la asociación civil fundada por Claudio X. González y Gustavo de Hoyos Walther suscribieron este lunes un comunicado conjunto, con la firma de 92 reconocidos abogados, para responder a lo que califican como ataques irresponsables del presidente a los juzgadores.

“ Reprobamos públicamente que el titular del Poder Ejecutivo aproveche el espacio de la conferencia mañanera’ -cuya existencia nos cuesta a todos los mexicanos- para violar su obligación irrestricta de respeto a la división de poderes al pretender la exhibición y lapidación pública de diversos jueces y académicos, poniendo en riesgo no solo la vida e integridad física e éstos sino también de sus familias.

“ Los ataques proferidos en forma por demás irresponsable lastiman además a toda la ciudadanía y a la democracia que nos preciamos de tener al pretender vulnerar uno de sus pilares esenciales: la independencia judicial”.

“ Exigimos al Presidente de la República que se abstenga, al igual que los servidores públicos que participan en sus conferencias mañaneras, de hacer señalamientos que comprometan la independencia judicial, así como la reputación, seguridad y hasta la vida de nuestros juzgadores”.

Los juristas se refirieron a las expresiones de la semana pasada de López Obrador, en particular en su conferencia del 2 de septiembre, cuando cuestionó a Ministros y jueces, algunos de estos últimos identificándolos con nombre y apellido, para exhibirlos por dictar resoluciones presumiblemente ilegales.

“ El peso y poder de cualquier información difundida a través de los canales institucionales, y más aún por conducto de la voz del Presidente, tiene un impacto, reacción y consecuencias exorbitantes y profundamente lesivas en perjuicio del destinatario que obligan a un ejercicio de la libertad de expresión con estándares más estrictos”, señalaron la BMA y el CNLE.

“ Finalmente, consideramos que es inaceptable el uso de las conferencias mañaneras para ejercer presión sobre los Ministros de la SCJN con miras a que resuelvan las controversias ante éstos planteadas con base en una ideología y/o en apoyo a un proyecto político, siendo que éstos deben emitir sus resoluciones con pleno apego a los derechos humanos y a los principios constitucionales”.

En el texto, establecer que la Constitución y la ley señalan las vías legales conducentes para manifestar cualquier inconformidad con alguna resolución judicial y, en su caso, lograr su insubsistencia y revocación.

“ Todo mexicano, incluyendo al titular del Ejecutivo, debe atenerse a éstas”, señalaron.

Entre quienes suscriben el posicionamiento, están los abogados Arsenio Farell Campa, Claudia de Buen Unna, Eduardo Luengo Creel, Fernando Gómez Mont, José Luis Nassar Daw y Juan Francisco Torres Landa.

También Juan Jorge Olvera Reyes, Manuel Gómez Morín, Mario Alberto Becerra Pocoroba y los mencionados Claudio X. González y Gustavo de Hoyos Walther.