El periodista Gerardo Moyano escribe en el bisemanario «Espacio 4» que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador «podría ser el primero en hacer justicia por una masacre (la de Iguala) atribuida al Estado». Sin embargo, advierte, «el camino jurídico por recorrer es largo todavía. Si la FGR busca atajos, deja cabos sueltos o no cumple con la reparación del daño, el tiro le podría salir por la culata». Esta es su crónica:

«Usar las palabras así nada más es un poco peligroso, un crimen de Estado es una cosa mucho mayor. Iguala no es el Estado mexicano. Ya me cansé», con esta frase, pronunciada el 7 de noviembre de 2014, el exprocurador Jesús Murillo Karam daba por cerrado el caso Ayotzinapa. Visiblemente agotado, el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR) insistía en defender lo que él llamó la “verdad histórica”, en la cual los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 al 27 de septiembre de ese año, en Iguala, Guerrero, fueron incinerados en el basurero de Cocula y sus restos esparcidos en el río San Juan.

»Sin embargo, el informe de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), publicado el pasado 18 de agosto, no solo desmonta la versión oficial sino que involucra en los hechos a altos funcionarios, policías y militares. El documento de la comisión encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, revela la participación activa de agentes del Estado, así como los esfuerzos del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) para montar una versión falsa, envuelta en torturas y falsificación de pruebas.

»Apoyado en investigaciones previas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) y varios organismos de Naciones Unidas (NU), el informe presentando por Encinas desmiente desde los motivos del ataque hasta el nombre de quien dio la orden de ejecutarlos y el destino de los cuerpos.

»Además, apunta a la participación directa del entonces coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala, pues destaca que el día de los hechos “seis estudiantes permanecían vivos y estaban retenidos en ‘la Bodega vieja”», pero el 30 de septiembre “el Coronel” comenta que ellos se encargarían de limpiar todo y que ellos ya se habían encargado de los seis estudiantes que habían quedado vivos.

»También asegura que en días posteriores a la desaparición “hubo una reunión con Abarca (alcalde de Iguala) y ‘los asesores de México’ para que ellos pudieran limpiar (…) Van a borrar evidencia (…) los van a mover para que no los hallen (…) los licenciados y la gente de México ya tiene el circo armado”. La CoVAJ también ubica en el centro de la trama a Tomás Zerón de Lucio, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien se encuentra exiliado en Israel a la espera de ser extraditado a México. “Era el que andaba mandando a limpiar”, señala un testigo.

»Murillo Karam fue detenido por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia. El 24 de agosto, cinco días después de su captura, un juez ratificó la prisión preventiva. Argumentó que si bien no existen pruebas directas que lo incriminen, la Fiscalía General de la República (FGR) ofreció datos de prueba razonables y suficientes para suponer que está relacionado con los ilícitos que se le imputan.

»De la nueva información, derivaron 83 órdenes de aprehensión contra militares (20), policías municipales (33), estatales (11), personal judicial (5) e integrantes de Guerreros (14). Cuestionado sobre la responsabilidad de Peña Nieto y de su secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió “esperar”, pues hay órdenes de aprehensión que están en proceso. “Todos los que participaron van a ser juzgados”, dijo (29.08.22).