Chihuahua.- Por el incumplimiento de un contrato que estipulaba el tratamiento del actual tiradero a cielo abierto en la comunidad de Cuauhtémoc, Chihuahua, el gobierno del PAN a cargo del presidente municipal, Elías Humberto Pérez Mendoza, enfrenta un conflicto legal ante la solicitud de más de 276 millones de pesos por concepto de indemnización.

Lo anterior dado lo que han manifestado los afectados, por el incumplimiento del contrato mediante el que KEF EXPONENTIAL, SAPI DE CV y CORPORATIVO AMBIENTAL DKDA, SA DE CV darían tratamiento al actual tiradero de basura a cielo abierto; sin embargo por la falta de cumplimiento del municipio, las empresas demandan una penalización.

Los orígenes del conflicto radican luego de que los particulares obtuvieron una concesión mediante licitación pública nacional en diciembre de 2019, para atender el tiradero a cielo abierto de Cuauhtémoc, según consta en el acta de fallo emitida por el Comité de Compras con número MC-CAACS-N25/2019.

Con este fallo se autorizó a las dos empresas por un periodo de 15 años iniciar operaciones del 1 de enero 2020 al 31 de diciembre de 2034, el tratamiento de dicho tiradero de basura. No obstante, la gestión panista de Elias Humberto Pérez no respetó esta concesión ya que la habría suspendido sin previo aviso.

Los afectados señalan que para atender lo estipulado en el contrato, invirtieron en el pago de una “Fianza de Cumplimiento” por un importe de 3 millones 374 mil 592 pesos, así como 12 millones de pesos más por el concepto de un contrato con los dueños de un terreno ejidal que serviría como relleno sanitario por los 15 años de la concesión.

Los 276 millones 738 mil 679 pesos, por indemnización, se habrían reclamado el 23 de abril de 2020 sin que a la fecha se tenga algún tipo de acuerdo entre las partes.

De acuerdo a lo estipulado en la cláusula vigésimo tercera del contrato, concerniente a “responsabilidades”, en este precepto, se advierte que el concesionario (las empresas) pagarán al municipio una pena convencional en caso de no ejecutar total o parcialmente los servicios de manera injustificada.

Sin embargo si es la parte gubernamental -como ocurrió en este caso- quien decida concluir sin razón justificada, se estipula “Si el municipio, sin causa justificada decretara la revocación o rescisión de la concesión, indemnizará a el concesionario, de acuerdo a lo establecido en el artículo 184 del código municipal para el Estado de Chihuahua”, señala el contrato.