El pasado 14 de septiembre, el Senado de la República emitió la declaratoria de inicio de la tercera y última etapa de Implementación de la Reforma en materia de Justicia Laboral. En dicho decreto se estableció que a partir del próximo lunes 3 de octubre, iniciará la implementación de dicha reforma en los estados que conforman el último bloque y que son: Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Jalisco, Ciudad de México y Yucatán.

Con esta declaratoria el Senado da cumplimiento a lo dispuesto en el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversos ordenamientos legales en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, y que fue emitido desde el 1 de mayo de 2019. Decreto que a decir verdad, tiene como única finalidad el cumplir con los compromisos adquiridos por nuestra nación en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, al que se le ha denominado como T-MEC, también TLCAN 2.0 o NAFTA 2.0, estos nombres para distinguirlo del anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

En el mencionado decreto, se contempla principalmente la creación de centros especializados en conciliación, para disminuir la judicialización de los conflictos entre trabajadores y patrones; además, obliga a los estados a construir tribunales locales, los cuales deberán reemplazar a las actuales juntas locales de conciliación, mismas que desde la implementación de esta reforma dependerán del Poder Judicial de cada Estado. Además, esta nueva justicia laboral contempla la regla de mecanismos de democracia sindical, como el derecho al voto personal, libre, directo y secreto para la elección de los liderazgos sindicales.

Es evidente que al ser Coahuila uno de los estados que implementará esta reforma en su última etapa los coahuilenses seremos de los últimos en conocer si la misma traerá verdaderamente mejoras importantes en la impartición de justicia laboral, o si por el contrario, es la misma cosa. Aunque a decir verdad, hay quienes aseguran que en los estados en que ya trabajan los nuevos tribunales laborales los conflictos se resuelven en menos de 45 días por la vía de la conciliación y que los juicios duran un tiempo máximo de 4 meses.

De ser cierta la premisa anterior, a partir del próximo lunes 3 de octubre, los coahuilenses estaremos teniendo una justicia laboral de ensueño, y quizá con ella nos olvidemos de los procedimientos laborales que actualmente son demasiado lentos, por consecuencia de la enorme carga de trabajo que se les encomienda a las actuales juntas de conciliación y arbitraje en nuestro estado.

Así pues y sin ánimo de ser pesimista, debo mencionar que para quien esto escribe, los coahuilenses no debemos hacernos muchas ilusiones con la implementación de estos nuevos tribunales laborales en nuestro estado, ya que el que se encargará del funcionamiento de los mismos será precisamente el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, al cual desde su nombramiento, le ha sido imposible hacer que los juzgados civiles, mercantiles y familiares a su cargo, brinden a la ciudadanía un servicio eficiente y garantista al momento de ministrar justicia, como tampoco, hacer que el personal de estos juzgados pueda dar a los justiciables, por lo menos, un mediano trato digno. ¡Ojalá me equivoque!